EL DEBATE DEL ESTATUT – EXPERIENCIAS DE AUTOGOBIERNO EN EL MUNDO

Son uns magnífics texts d’en Ferrán Requejo que va publicar a La Vanguardia de l’1 al 25 d’agost de 2004, i que analitzen tots els models de Federalisme existents al Mon, he considerat oportuns tornar-los a llegir ara, en uns moments que l’Estatut semble del tot esgotat, tot i que no acabo de veure l’estat espanyol per federar-se, com semble podria ser una solució al problema espanyol, o “el problema catalán” com diuen ells.

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LA VANGUARDIA DIGITAL

FERRAN REQUEJO, catedrático de Ciencia Política en la UPF (ferran.requejo@upf.edu)

01/08/2004 1- El poder policéntrico

02/08/2004 2- Alemania, el federalismo ‘eterno’

03/08/2004 3- Argentina, el poder de las provincias

04/08/2004 4- Australia, el federalismo dual

05/08/2004 5- Austria, la prevalencia del poder federal

06/08/2004 6- Bélgica, el Estado asimétrico

07/08/2004 7-Bosnia y Herzegovina, la doble federación

08/08/2004 8- Brasil, simetría de poderes

09/08/2004 9- Canadá y el reto de Quebec

10/08/2004 10- Comores, tensión centrífuga

11/08/2004 11- Emiratos Árabes, monarquías federadas

12/08/2004 12- Estados Unidos: un modelo influyente

13/08/2004 13- Etiopía: el federalismo en la pobreza

14/08/2004 14- India, un modelo adaptado a la diversidad

15/08/2004 15- Malasia, un federalismo monárquico

16/08/2004 16- México, una tímida descentralización

17/08/2004 17- Micronesia, bajo la mirada estadounidense

18/08/2004 18- Nigeria, un federalismo a golpe de Estado

19/08/2004 19- Pakistán, federalismo bajo dominio militar

20/08/2004 20- Rusia, la dura transición tras el comunismo

21/08/2004 21- St. Kitts and Nevis, una federación asimétrica

22/08/2004 22- Serbia y Montenegro, o lo que queda de Yugoslavia

23/08/2004 23- Sudáfrica, marcada por el apartheid

24/08/2004 24- Suiza, un modelo de respeto a la diversidad

25/08/2004 25- Venezuela, entre los pioneros del federalismo

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01/08/2004 1- El poder policéntrico

El inicio de los trabajos para la reforma del Estatut en el Parlament de Catalunya y la determinación del nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de favorecer la revisión de los estatutos de autonomía y de abordar en paralelo la reforma de la Constitución ha puesto en el centro del debate político la vigencia del actual Estado de las autonomías y sus posibilidades de desarrollo. La Vanguardia inicia hoy una serie de 25 capítulos en los que el catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Ferran Requejo analiza las diferentes experiencias de autogobierno en el mundo.

La serie podrá consultarse en la web www.lavanguardia.es

EN LA ACTUALIDAD, alrededor del 40% de la población mundial vive bajo sistemas federales o cuasifederales

LAS PRIMERAS referencias políticas conocidas del federalismo datan de la organización israelita (s. XIII-VIII a. C.)

ES CONVENIENTE distinguir entre el federalismo, en tanto que principio normativo general, y los diversos tipos de acuerdos federales.

En términos generales, el federalismo es un principio de organización del poder político que quiere combinar las ventajas de la unidad y de la diversidad a partir de la articulación entre dos esferas de gobierno que combinan el autogobierno de algunas entidades con un gobierno compartido.

Ello se establece a través de un pacto o acuerdo, sea de carácter explícito o implícito, entre distintas colectividades -el término federal deriva de la palabra latina foedus, que significa pacto.

De este modo, el federalismo se asocia a una concepción policéntrica del poder político, a través de un acuerdo normativo de carácter plural y establecido en pie de igualdad formal entre una serie de unidades que son generalmente de carácter territorial, las partes mantienen su identidad al mismo tiempo que crean una entidad general dotada también de su propia identidad para el desempeño de valores, funciones y objetivos colectivos.

El establecimiento de este acuerdo, que en principio puede ser permanente, implica regular un conjunto de derechos individuales y colectivos, de instituciones, de distribución de poder y de reglas para la toma de decisiones colectivas.

Las primeras referencias políticas conocidas del federalismo, datan de la organización israelita (s. XIII-VIII a. C.), de las ligas entre distintas polis de la antigüedad (siglos V-IC a. C.) y de las confederaciones indígenas de Norteamérica y de tribus beduinas. En la época contemporánea, sin embargo, no será hasta el éxito de la federación de los estados unidos (1787) -constituida después de una guerra que supuso un proceso de secesión- que la forma federal se extenderá a los cinco continentes, especialmente durante el siglo XX. Mientras en el siglo XIX sólo unos pocos estados eran federales (Estados Unidos, Suiza, Canadá, Alemania y algunos estados latinoamericanos), en la actualidad alrededor del 40% de la población mundial vive bajo sistemas federales o cuasifederales.

El federalismo ha resultado ser un principio particularmente exitoso cuando se ha combinado con la democracia liberal.

Sin embargo, su historia también incluye algunos fracasos, más allá de los casos citados habitualmente de algunos estados socialistas como la URSS o la ex Yugoslavia.

Así, en África, por ejemplo, al lado de experiencias exitosas como Sudáfrica o Etiopía -que regula su carácter plurinacional y el derecho de secesión de sus componentes-, encontramos otras fallidas (Senegambia) o que presentan problemas de consolidación (Nigeria, Comoros).

En el continente americano, el federalismo presenta casos muy diferenciados, desde federaciones descentralizadas (EE.UU., Canadá) y centralizadas (México), a otras que presentan grandes variaciones internas (Argentina, Brasil) y, finalmente, otras en las que la lógica federal ha quedado en la práctica muy diluida (Venezuela).

En Asia, los casos más destacados son los de India, Malasia y Pakistán -ésta, muy centralizada y casi sin efectos federales-, mientras en Oceanía destacan los casos de Australia y de los estados federados de Micronesia.

Desde el punto de vista de su funcionamiento, las estructuras y los procesos federales interaccionan en la práctica con toda otra serie de aspectos de la vida política.

Ello adquiere una relevancia especial cuando el federalismo se articula, como decíamos, con la democracia liberal.

Entre dichos aspectos cabe destacar los siguientes:

a) El grado de desarrollo socioeconómico.

b) El carácter uninacional o plurinacional de las sociedades federadas (existencia o no de pluralismo nacional).

c) La forma de gobierno parlamentaria o presidencialista.

d) Los sistemas electorales y los sistemas de partidos.

e) El carácter simétrico o asimétrico de la federación.

f) La existencia de pluralismo cultural (étnico, religioso, lingüístico).

g) El grado de descentralización (o de no centralización).

h) La interacción con los procesos de globalización y la emergencia de organizaciones supranacionales (UE, Mercosur, etcétera).

i) El tipo de relaciones intergubernamentales (competitivas-cooperativas; formales-informales; de confianza-desconfianza), y

j) las relaciones económicas y fiscales (establecimiento de condiciones de vida homogéneas -Alemania-, o básicas pero no iguales -Suiza-).

El análisis de las implicaciones normativas -políticas y morales- y de la interacción entre estos aspectos conforma la teoría política y la política comparada del federalismo actual.

Aunque las diversas teorías políticas han interpretado el federalismo de forma distinta -sea entendiéndolo como una finalidad en sí misma o como un medio para alcanzar otras finalidades como la paz, la limitación del poder político o la eficiencia general del sistema, o sea priorizando la unión entre las unidades federadas o el autogobierno de estas últimas-, en la actualidad, la mayoría de los analistas coincide en la conveniencia de distinguir entre el federalismo, en tanto que principio normativo general, y los diversos tipos de acuerdos federales a que ha dado lugar en la política comparada, así como entre estos acuerdos y las federaciones o los estados federales estrictos. El grupo de los acuerdos federales es bastante más amplio que el de las federaciones. Así, entre los diversos tipos de acuerdos federales, tomados en sentido amplio, destacan los siguientes:

1) LAS FEDERACIONES. Aunque no existe una lista universal de características institucionales y funcionales que se repita en todas las federaciones, en la actualidad se acostumbra a admitir que éstas comprenden cinco características generales:

  1. a. Un doble nivel de gobierno, en el que cada nivel dispone de poderes legislativos, ejecutivos, judiciales y fiscales (a diferencia de los estados regionales, el territorio de la federación equivale aquí a la suma de los territorios de las unidades federadas).
  2. b. La existencia de procedimientos de participación de las partes federadas en el nivel federal (por ejemplo, a través de una segunda cámara territorial).
  3. c. Un árbitro institucional que resuelva los conflictos (generalmente, un tribunal supremo o constitucional).
  4. d. Que la reforma constitucional requiera el consentimiento tanto de las instituciones de la federación como de una mayoría de las entidades federadas, y
  5. e. La existencia de procedimientos de coordinación y cooperación entre el nivel federal y las entidades federadas (competencias compartidas).

Tanto la federación como las unidades federadas ejercen sus poderes legislativos, ejecutivos, judiciales y fiscales directamente sobre los ciudadanos, cada una en su ámbito de competencias. Según sean las relaciones entre el poder federal y las distintas unidades federadas, las federaciones serán simétricas o asimétricas.

1.1) LAS FEDERACIONES SIMÉTRICAS. La simetría consiste en que las relaciones entre las unidades federadas y la federación son similares en todos los casos, con independencia de las características sociales, demográficas o culturales de aquellas unidades. Estados Unidos y Australia son ejemplos de federaciones con un alto grado de simetría.

1.2) LAS FEDERACIONES ASIMÉTRICAS. Las relaciones entre las unidades federadas y el poder central no son homogéneas. La Constitución federal establece diferentes relaciones para algunas de aquellas unidades, reflejada ya sea en diversos niveles competenciales, en aspectos del entramado institucional, en la política fiscal, etcétera. Las razones que inducen a una regulación de asimetrías legales son diversas, pero todas están basadas en las asimetrías de hecho existentes entre las distintas unidades federadas (diferencias culturales, geográficas, históricas, etcétera).

Bélgica constituye un ejemplo reciente de federación asimétrica (1993).

Es importante retener que un elevado grado de asimetría no conlleva necesariamente un alto grado de autogobierno por parte de las unidades federadas (Malasia). Y viceversa, la simetría es compatible con entidades subestatales con una gran capacidad de decisión y autogobierno (EE.UU.).

Finalmente, el par simetría-asimetría también debe distinguirse del carácter uninacional o plurinacional de una federación.

Alemania y Australia son federaciones básicamente uninacionales (aunque la última con un determinado contingente de población aborigen), mientras que Canadá y Bélgica son federaciones plurinacionales.

2)   LAS FEDERACIONES Y LOS ESTADOS ASOCIADOS. Las primeras consisten en un acuerdo federal establecido entre una unidad mayor y otra u otras unidades mucho más pequeñas (generalmente, islas), según el cual éstas últimas retienen un grado muy elevado de autogobierno a la vez que ejercen un papel mínimo en las decisiones de la unidad mayor. Dicho acuerdo no puede romperse unilateralmente por parte de los tipos de unidad, sino sólo por medio de un acuerdo de ambas partes. Las islas Feroe en relación a Dinamarca constituyen un ejemplo de federación. Los estados asociados son similares a las federaciones, pero en este caso el acuerdo puede ser rescindido de forma unilateral por alguna de las unidades siguiendo pautas preestablecidas. Es el caso, por ejemplo, de las islas Cook en relación con Nueva Zelanda.

3)   LAS CONFEDERACIONES. Históricamente, consisten en acuerdos entre distintos estados con la finalidad de establecer o desarrollar objetivos específicos de una manera común (básicamente, defensa, política exterior y/o economía). El “gobierno” surgido de dichos acuerdos depende de los estados de la confederación. Se trata, por así decir, de un gobierno de “delegados” de las unidades confederadas, las cuales siempre podrán dar el acuerdo por finalizado. Los ejemplos tradicionales de confederaciones históricas los tenemos en los casos de Suiza (entre 1291 y 1798 y entre 1815 y 1848), los Países Bajos (entre 1579 y 1795), los acuerdos entre las ex colonias británicas en América (entre 1781 y 1789), o entre los estados alemanes (entre 1815 y 1866). Todos ellos, excepto los Países Bajos, dieron lugar posteriormente a federaciones. Otros ejemplos más actuales de confederaciones los tenemos en la Comunidad del Caribe, en la Comunidad de Estados Independientes o en algunos aspectos de la misma Unión Europea. A diferencia de las federaciones estrictas, las instituciones confederales son de carácter intergubernamental y no son responsables ante los ciudadanos de forma directa, sino por medio de las instituciones de sus estados respectivos. Otra diferencia la constituye la inexistencia de una “constitución” común de los estados confederados. El acuerdo entre ellos da lugar a un tratado que no supone la creación de una nueva entidad estatal y que tampoco cuestiona la capacidad de decisión última de los estados.

Existen casos empíricos que combinan elementos de distintos tipos de acuerdos federales. Por otra parte, además de los cuatro tipos básicos existen otros tipos de acuerdos federales que se alejan, sin embargo, del federalismo estricto:

4) LOS ESTADOS REGIONALES. Se trata de estados en los que el doble nivel de gobierno se establece a través de un proceso de descentralización política, garantizado por la misma Constitución del Estado. A diferencia de varias federaciones históricas (EE.UU., Suiza, Alemania, etcétera) cuyo doble nivel de gobierno está vinculado a un proceso de centralización desde unidades previas e independientes, aquí lo que existe previamente es un centro único de decisión política que se descentraliza a partir de un momento determinado. Esta cesión “devolucionaria” de competencias políticas en la práctica ha acostumbrado a ser establecida sólo para algunas regiones del Estado. Por otra parte, el poder judicial, las regulaciones económicas y la fiscalidad acostumbran a permanecer en las instituciones del poder central, mientras que en el proceso de reforma constitucional el papel de las instituciones “regionales” resulta marginal o incluso inexistente. Italia después de la Segunda Guerra Mundial constituye un caso prototípico de Estado regional.

5)   LAS LIGAS. Se trata de acuerdos entre diferentes estados para la realización de objetivos específicos, pero que a diferencia de las confederaciones no establecen ningún “gobierno” común, sino un secretariado del que también pueden desvincularse en cualquier momento. Ejemplos: Liga Árabe, Asean, OTAN, Consejo Nórdico, etcétera.

6)   LOS CONDOMINIOS. En ellos, unos determinados territorios se hallan bajo el gobierno conjunto de otros estados, aunque existen mecanismos de autogobierno en algunas cuestiones internas (Andorra hasta 1993).

7)   LAS UNIONES. Se trata de estados en los que las unidades constituyentes se mantienen a través de órganos comunes de las instituciones generales. Es el caso de Bélgica con anterioridad a convertirse en federación en 1993.

8)   LAS AUTORIDADES FUNCIONALES COMPARTIDAS. Agencias creadas para la implementación de objetivos específicos por parte de varios estados.

Ejemplos: la Agencia Internacional de la Energía Atómica, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio, etcétera.

En esta serie de artículos nos centraremos en las federaciones del mundo actuales.

Mañana: Alemania

02/08/2004 2- Alemania, el federalismo ‘eterno’

El proceso de integración europeo ha supuesto un replanteamiento de los ámbitos competenciales y de los mecanismos de concertación.

A partir de la creación de Alemania como estado unificado en 1871, su estructura territorial estuvo organizada hasta el periodo nazi en términos federales, con un predominio claro del poder ejecutivo (el régimen nazi abolió los rasgos federales que permanecían en la República de Weimar y los sustituyó por un estado unitario muy centralizado).

Después de la Segunda Guerra Mundial, los tres aliados occidentales impulsaron la instauración de un estado democrático de derecho que incluía de nuevo el federalismo como principio de organización territorial para los territorios de Alemania occidental (1949). Los estados federados se denominan länder.

Por su parte, los territorios de la Alemania oriental quedaron bajo la hegemonía soviética, la cual abolió los cinco länder iniciales definidos en 1945 y estableció un sistema centralizado. Fue en 1990, tras el derrumbe del comunismo en los países del Este europeo, cuando los cinco länder orientales fueron restablecidos y Alemania, reunificada.

En la actualidad, la república alemana está compuesta por 16 länder, en una organización federal considerada bajo la denominada cláusula eterna de la Constitución (artículo 79.3) por la que dicha organización no puede ser abolida. Alemania es actualmente el Estado europeo más poblado y la mayor economía de la Unión Europea.

La forma de gobierno es parlamentaria. El Parlamento federal es bicameral (Bundestag o Asamblea Federal y Bundesrat o Consejo Federal). La Cámara Baja (Bundestag) es la única elegida directamente por los ciudadanos a través de un sistema de atribución de escaños de carácter proporcional entre los partidos, modulado por un segundo voto en circunscripciones uninominales (se eligen alrededor de 600 escaños). Las listas deben obtener al menos un 5% de los votos a nivel de la federación.

La Cámara Alta, el Consejo Federal (Bundesrat), constituye una de las piezas angulares del sistema. Los länder disponen de entre tres y seis votos en dicha cámara atendiendo a su número de habitantes (69 escaños en total). Los miembros del Bundesrat son nombrados por los gobiernos respectivos y su voto en la cámara se establece en bloque, no puede dividirse. Se trata, pues, de una representación política que resulta ser congruente con la mayoría política dominante en el land correspondiente. Su composición política cambia cuando se han celebrado elecciones en los länder.

En los últimos años ha aumentado considerablemente (más del 50% de la legislación federal) el número de leyes que necesitan la aprobación del Bundesrat -aquellas que afectan a los poderes o a los recursos de los länder-. En caso de desacuerdo entre las dos cámaras del Parlamento federal, se establece un comité de mediación, que reúne a un mismo número de miembros de cada cámara (16), encargado de encontrar una solución consensuada que será sometida a la aprobación de ambas cámaras.

La reforma constitucional, por su parte, requiere la aprobación de dos tercios de cada cámara federal. El presidente de la república es elegido para un periodo de cinco años por una convención federal que reúne a los parlamentarios de la Cámara Baja y a un número igual de delegados elegidos por los parlamentos de los länder. El presidente del Gobierno (canciller) es elegido por el Bundestag para cuatro años.

El Tribunal Constitucional (Bundesverfassungsgericht) también ejerce una influencia importante en el sistema político, estableciendo repetidamente el principio de la confianza federal (Bundestreue), por el que los dos niveles de gobierno, la federación y los länder, están obligados a tener en cuenta la perspectiva del otro nivel, aun cuando no existe una cláusula constitucional explícita en este sentido. El Alto Tribunal es elegido a partes iguales por las dos cámaras del Parlamento federal.

Por su parte, las constituciones de los länder regulan de forma distinta cuestiones como los procedimientos de formación de gobierno, las mociones de confianza, los referendos, los derechos sociales (en el caso de los nuevos cinco länder), etcétera.

Las competencias, enmarcadas en un complejo sistema de interdependencias, se dividen entre aquellas que son exclusivas de la federación, las de carácter concurrente, aquellas en que la federación se reserva la legislación básica y las exclusivas de los länder. Entre estas últimas se encuentra el poder local, la organización administrativa, así como aspectos de la educación, la cultura y los medios de comunicación. Los länder son los responsables de la implementación de la mayor parte de la legislación federal.

La evolución del federalismo de la República Federal Alemana ha estado últimamente presidida por el proceso de unificación, por la influencia que en él ejerce la Unión Europea y por la creciente importancia que ha ido adquiriendo la cooperación entre los dos niveles de gobierno. Este último aspecto ha comportado cierta dilución del principio federal de división de poderes, especialmente tras las reformas del año 1969 favorables a la institucionalización de tareas comunes (Gemeinschaftsfaufgaben). A estas últimas cabe añadir, además, el ya de por sí gran número de competencias compartidas existentes entre la federación y los länder, los criterios de responsabilidad fiscal compartida y de uniformización en las condiciones de vida de los ciudadanos, así como los mecanismos de ecualización. El resultado ha sido un complejo sistema de cooperación entre los dos niveles de gobierno que ha reforzado los poderes ejecutivos, especialmente el de la federación, y que ha aumentado la opacidad de sistema, además de la mencionada dilución del principio federal. La reunificación ha comportado, además, una revisión de las balanzas fiscales, ya que los cinco nuevos länder orientales son dependientes de la federación debido a su menor grado de desarrollo.

Por otra parte, el proceso de integración europeo ha supuesto un replanteamiento de los ámbitos competenciales y de los mecanismos de concertación de la política europea -dirigida por la federación- por parte de unos länder en los que las prioridades políticas son distintas, de acuerdo con su nivel de riqueza. Los länder más ricos presionan para tener más margen de maniobra en la economía globalizada y hacia formas claras de federalismo competitivo (es lo que a veces se ha denominado la doctrina Sinatra: “I do it my way”).

La necesidad de proceder a una reforma del sistema federal viene siendo planteada en Alemania desde finales de los años ochenta. Actualmente, una comisión formada por miembros de las dos cámaras del Parlamento federal, con participación de expertos, está estudiando las bases para proceder a dicha reforma (el informe final se espera que esté realizado a finales del 2004).

Mañana: Argentina

03/08/2004

3- Argentina, el poder de las provincias

Tras la independencia del país en 1816, la historia argentina ha vivido una convulsa y prolija serie de guerras civiles, golpes y dictaduras militares que también han marcado la evolución de su sistema federal. Ya en el siglo XIX, se produce un contraste entre los intereses de las elites de Buenos Aires, favorables a la constitución de un poder central fuerte y a la eliminación de la autonomía de las provincias como forma de procurar la estabilidad política del país, y las aspiraciones de los dirigentes provinciales -a veces reforzados por caudillos militares- que hicieron del federalismo su programa político, tanto para la defensa de sus intereses como para la organización y gobernabilidad de un país tan extenso como diverso. Ello llevó incluso a la inusual secesión de la provincia de la capital, Buenos Aires, la cual estableció su propia Constitución (1854) hasta que su ejército fue vencido por la confederación argentina cinco años más tarde, estableciéndose la subsiguiente Constitución de 1860.

Ello no impidió, sin embargo, la centralización efectuada por las dictaduras ni un aumento de las diferencias entre las distintas provincias. En el siglo XX, el acceso de Argentina a un sistema representativo quedó truncado cuando en 1930 se impuso un régimen autoritario que finalizó con un golpe militar (1943), que precedió al acceso al poder de Juan Domingo Perón (1945-1955), hasta que este último fue derrocado por otro golpe militar. La inestabilidad y unos regímenes militares completamente alejados de los límites constitucionales anteriores -especialmente durante las dictaduras del periodo 1966-1973 y, sobre todo, la de 1976- 1983- marcaron el desarrollo de la vida política argentina, incluido su federalismo.

En el plano legal, que combina elementos de influencia norteamericana y europea, el sistema federal viene enmarcado por la primigenia Constitución de 1853 y las reformas emprendidas en 1866, 1880, 1898, 1957 y 1994. Las 23 provincias y el distrito federal de Buenos Aires son consideradas entidades autónomas. Las constituciones de los estados deben contener los principios representativos y republicanos. Sin embargo, las provincias actúan bajo control de una legislación federal que faculta incluso al Gobierno federal, bajo ciertas condiciones, a intervenir en los gobiernos provinciales.

Los poderes residuales pertenecen a las provincias, las cuales tienen la facultad de crear entidades regionales interprovinciales, así como de realizar, aunque con restricciones, acuerdos internacionales. Entre las competencias del poder federal destacan: defensa, moneda, relaciones internacionales, nacionalidad, aduanas, puertos, comercio interprovincial e inmigración. Las competencias compartidas regulan, entre otras materias, los sistemas de transporte (ferrocarril, canales fluviales) y la política económica.

En el plano institucional resulta innegable la influencia del sufragio universal directo para un periodo de cuatro años. El Parlamento bicameral (Congreso) comprende la Cámara Nacional de Diputados y el Senado. Los diputados son elegidos para un periodo de cuatro años por sufragio directo, renovándose la mitad de la Cámara cada dos años (257 escaños en total). Los senadores son elegidos directamente por los ciudadanos de las provincias y del distrito de Buenos Aires (la capital vio reconocida su autonomía en la Constitución de 1994). Son elegidos tres senadores por entidad federada, uno de los cuales deberá pertenecer al segundo partido (72 escaños en total). El mandato es para un periodo de seis años,renovándose la Cámara por tercios cada dos años.

Al igual también que en Estados Unidos, el vicepresidente es el presidente del Senado. El Tribunal Supremo resuelve sobre la constitucionalidad de las leyes, la interpretación de la Constitución, los tratados internacionales y sobre los conflictos entre las provincias. Sus nueve jueces son nombrados por el presidente con la ratificación del Senado. La reforma constitucional se realiza a iniciativa del Congreso (como mínimo 2/3 de sus integrantes deben pronunciarse a favor de ella). La reforma debe realizarse mediante una Asamblea Constituyente elegida por sufragio, cuya composición y sistema de elección establece el propio Congreso.

La reforma de 1994 incidió en mecanismos para reforzar el federalismo y la democracia. Las provincias y el distrito de Buenos Aires salieron reforzados al adquirir nuevas competencias en el ámbito, por ejemplo, de las relaciones internacionales, del control de los servicios públicos y del medio ambiente. La reforma también establece la inelegibilidad futura de aquellas personas que hayan atentado contra el orden constitucional, así como un reforzamiento de la legislación internacional sobre los derechos humanos como parte de la legalidad argentina.

Por otra parte, la Constitución establece regulaciones en el ámbito de la fiscalidad, un tema siempre polémico en la vida de la federación. En la reforma de 1994 se regulan criterios de distribución entre el Gobierno federal, las provincias y el distrito de la capital con el fin de proceder a una ecualización entre los distintos territorios de la federación. La crisis económica de principios de siglo XXI ha incidido, sin embargo, negativamente en los niveles de paro y pobreza del país, quedando abierta su posible incidencia en el sistema de relaciones federales del país.

Mañana Australia

04/08/2004

4- Australia, el federalismo dual

LAS RELACIONES intergubernamentales se ejercen a través de un complejo sistema de comités para asegurar la coordinación.

Los asentamientos británicos realizados en el s. XVIII (James Cook tomó posesión de la isla en 1770 en nombre de Gran Bretaña) y la primera mitad del s. XIX establecieron un sistema de seis colonias autogobernadas entre 1850 y 1891, establecidas en un territorio de muy baja densidad pero habitado por un conjunto de sociedades aborígenes llegadas a Australia hace unos 50.000 años. Las convenciones constitucionales de 1891 y 1897-98 dieron lugar a la nueva constitución de la Commonwealth de Australia (1901) aprobada por referéndum en cada colonia. El sistema de gobierno combinó el parlamentarismo británico con la estructura federal de tipo americano. La federación incluye seis estados (Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland, Australia Occidental, Australia del Sur, Tasmania) y dos territorios autogobernados (el Territorio del Norte, y el de la capital federal, Canberra). Los poderes residuales pertenecen a los estados. El esquema básico es el de un federalismo dual que incide en los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales y fiscales, si bien las competencias compartidas entre los dos niveles de gobierno han tendido a aumentar, incluyendo la fiscalidad y las relaciones exteriores. La importancia de las transferencias fiscales ha ido aumentado, calculándose a través de una fórmula que incluye las capacidades respectivas como las necesidades de gasto.  La legislación fiscal no puede discriminar entre los estados.

La Cámara Alta (Senado) está formada por un número igual de representantes con independencia de la población (originalmente fueron 6, en la actualidad 12 por estado y 2 por territorio). Son elegidos directamente por el electorado, desde 1949 a través de un sistema proporcional que hace difícil obtener la mayoría de los escaños por parte de un solo partido. El periodo legislativo es de seis años, renovándose por mitades cada tres años. Los senadores votan en la cámara a partir de sus adscripciones partidarias más que por líneas territoriales. En la elección de la cámara baja (Cámara de Representantes; 150 escaños) se aplica un sistema de elección preferencial, reservándose un mínimo de cinco escaños a cada estado con independencia de su número de habitantes. El mandato es de tres años. El gobierno federal incluye, en la práctica, al menos un ministro de cada estado. Es elegido por el parlamento y debe mantener la confianza de la Cámara de Representantes. Un gobernador general, nombrado por la corona con la recomendación del primer ministro, representa formalmente a la corona inglesa en la federación, mientras que en los estados son los gobernadores quienes representan a la corona.

Los estados intervienen en los procesos de reforma constitucional.  La propuesta se inicia en el Parlamento federal, donde es votada generalmente por mayoría absoluta en las dos cámaras (Cámara de Representantes y Senado). Cuando la propuesta sólo ha sido aprobada en una cámara el proceso puede continuar con una segunda votación en la cámara que la ha aprobado. En este caso deberá ser sometida a referéndum. La aprobación requiere una doble mayoría (de electores a escala nacional y de electores en la mayoría de los estados). De las 44 propuestas de reforma sometidas a referéndum, sólo 8 fueron aprobadas. Ello ha propiciado una importancia creciente tanto de la interpretación judicial del Tribunal Supremo (High Court) como de las relaciones intergubernamentales entre los dos niveles federales de gobierno. El Tribunal Supremo es la última instancia de apelación tanto para la jurisdicción federal como para la de los estados.  También ejerce el control de la constitucionalidad. La constitución permite al Parlamento federal conferir en algunos casos la jurisdicción federal a los tribunales de los estados.

Los estados también se rigen por un sistema parlamentario. Todos ellos, salvo Queensland, tienen un parlamento bicameral, si bien las segundas cámaras no ejercen tanto poder como el Senado federal. Las relaciones intergubernamentales son intensas. Se ejercen a través de un complejo sistema de comités que pretende asegurar la coordinación de la legislación y de las políticas. Las controversias entre niveles de gobierno -más importantes cuando los partidos son distintos- suelen ser resueltas a través de medios políticos más que a través de los tribunales. La importancia adquirida por dichas relaciones ha hecho cuestionar su congruencia con la forma parlamentaria de gobierno. En 1999 fracasó el intento, a través de referéndum, de convertir Australia en una república.

En los últimos años, el impacto de la globalización y de la multiculturalidad han incidido en la práctica federal australiana.  Así, la federación ha intervenido en áreas como los derechos humanos, el mercado interior o el medio ambiente, tras consulta con los estados (Consejo de Tratados Intergubernamentales). También se ha legislado y se han ejercido políticas contra la discriminación racial y a favor de las poblaciones aborígenes. Estas últimas están detrás de las dificultades del acceso de los Territorios del Norte a la categoría de estado federado.

Mañana: Austria

05/08/2004 5- Austria, la prevalencia del poder federal

Tras la desmembración del imperio austro-húngaro en 1918, Austria adoptó el federalismo en la Constitución de 1920 (revisada en 1929).  Tras el periodo de ocupación nazi (1934) y la Segunda Guerra Mundial volvió a instaurarse la Constitución de 1920 y la legislación anterior a 1934. Tras la Segunda Guerra Mundial, el estatus de Austria quedó pendiente de resolución durante una década. El tratado de 1955 terminó la ocupación aliada, proclamó el acceso a la independencia y la prohibición de unificación con Alemania. En el mismo año, una ley constitucional proclamó la “neutralidad perpetua”, una condición para la retirada de las tropas soviéticas.  Tras el derrumbe de los estados socialistas del Este, Austria entró a formar parte de la Unión Europea (1995).

En términos generales, el federalismo austriaco ha estado presidido por la tendencia hacia un federalismo unitario –con un poder federal dominante–, y por la contraposición entre dos partidos que han representado las dos grandes culturas políticas presentes en la vida pública del país: el partido socialdemócrata (interesado en un poder central fuerte), hegemónico en la capital, Viena, y el partido socialcristiano, de ideología conservadora y más favorable a la autonomía de los länder (entidades federadas).

El presidente (jefe del Estado) es elegido directamente por los ciudadanos para un periodo de seis años. La forma de gobierno es parlamentaria. En la actualidad sigue predominando la hegemonía del poder central (federal) sobre los nueve länder del país (que incluyen la capital), incluso a pesar de que los poderes residuales se atribuyen a los länder y de que se permite a estos últimos suscribir tratados y políticas con territorios vecinos (bajo supervisión federal) cuando afectan a sus competencias. En la práctica, sin embargo, las sucesivas reformas constitucionales han reforzado la federación, cuya Constitución regula incluso las instituciones de los länder, así como el poder local. Ello ha venido facilitado por la relativa presencia de gobiernos de “gran coalición” entre los dos mayores partidos, que juntos han dispuesto del mínimo de dos tercios de diputados que requieren la reformas constitucionales. La prevalencia del poder federal se visualiza en los distintos tipos de legislación. De modo similar al modelo alemán, la legislación está dividida en cuatro tipos de leyes: la legislación federal implementada por el Gobierno central (por ejemplo, política exterior); la federal implementada por los länder (nacionalidad y ciudadanía); la legislación básica decidida por la federación y desarrollada por leyes de los länder (políticas sociales), y la legislación de los länder, ejecutada por su misma Administración. El gobierno federal, además, puede oponerse a una ley de un land, si bien, la ley puede ser ratificada por el Parlamento del land por mayoría absoluta. La fiscalidad se regula por una ley federal y tiene un carácter centralizado.

El Parlamento federal es bicameral (Nationalrat y Bundesrat). La Cámara Baja (Nationalrat) comprende en la actualidad 183 escaños, y es elegida por un sistema proporcional para un periodo de cuatro años. En la cámara alta (Bundesrat) cada land está representado por un número de parlamentarios proporcional a las respectivas poblaciones (entre 3 y 12 representantes; 62 escaños en total). Los parlamentos de los länder son quienes eligen a dichos representantes entre sus propios diputados, salvaguardando que al menos un escaño corresponda al segundo partido del Parlamento del land. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el Bundesrat alemán –cuyo miembros son nombrados por los gobiernos regionales– la lógica imperante en el Bundesrat austriaco obedece más a la lógica de los partidos que a la lógica territorial (de los gobiernos). Incluso los grupos parlamentarios agrupan a los miembros del mismo partido en las dos cámaras de Parlamento federal. En contraposición, los gobernadores de los länder pueden participar en los procesos deliberativos del Bundesrat (sin poder de decisión). Pero un veto de la cámara alta no detiene el proceso legislativo, sino que sólo lo retrasa. Los conflictos de competencia son resueltos por el Tribunal Constitucional (Verfassungsgerichtshof), compuesto por 14 jueces (tres nombrados por el Bundesrat). En la práctica han adquirido vigencia las conferencias de los gobernadores o de los presidentes de los parlamentos de los länder, aunque su impacto político es limitado. Algunos land contemplan derechos ciudadanos más amplios –incluidas formas de democracia directa– que los derechos regulados por la Constitución federal.

También la integración en la Unión Europea (1995) ha tenido consecuencias para el federalismo austriaco. Al igual que ocurre con otros estados compuestos de la Unión, los länder austriacos, cuyo poder es ya de por sí bastante limitado, han visto amenazadas algunas de sus competencias con el proceso de integración. El Gobierno federal está obligado a informar sin dilaciones a los länder cuando las iniciativas de la Unión inciden en sus competencias o intereses. En principio, el Gobierno federal debería mantener la posición de los länder en Europa si estos adoptan una posición común. También resulta posible que un político de un land presida la delegación austriaca. En la práctica, sin embargo, la adopción de una posición común y la presidencia de la delegación por un político ajeno al poder central resulta más difícil. La representación permanente de Austria en Bruselas cuenta con un miembro de cada land. Además, los länder poseen sus propias representaciones en la capital europea (excepto el de Vorarlberg).

Mañana: Bélgica

06/08/2004 6- Bélgica, el Estado asimétrico

Bélgica, un Estado independiente desde 1830 (separación de los Países Bajos) –invadido por Alemania durante las dos guerras mundiales–, es actualmente una federación plurinacional y plurilingüística fuertemente asimétrica, salida de un proceso de cuatro reformas constitucionales (1970, 1980, 1988 y 1993;

Constitución de 1831). Incluye un complejo sistema institucional con tres regiones (Flandes, Valonia y Bruselas) y tres comunidades (flamenca, francesa y alemana). Las primeras son territoriales y tienen competencias sobre desarrollo económico, planificación urbana, régimen local, vivienda, obras públicas, energía, medio ambiente, etcétera, mientras que las segundas tienen una base más individual y competencia sobre educación, cultura, lengua, así como sobre “materias personalizables” (algunos servicios sociales). De esta manera, los hablantes neerlandeses que viven, por ejemplo, en Bruselas, pertenecen a la comunidad flamenca como los que viven en Flandes, mientras que los hablantes francófonos de Bruselas son miembros de la comunidad francesa como los valones. Ello no se aplica, sin embargo, a las minorías neerlandesa y francesa de Flandes y Valonia con el fin de no crear subnacionalidades en los dos territorios básicos del federalismo belga. Por su parte, el Gobierno federal tiene competencias en defensa, justicia, seguridad social (pensiones, seguro de desempleo, etcétera), algunos aspectos de la sanidad y de la dirección de las relaciones internacionales.

Este complejo sistema es el fruto de un pacto entre los partidos flamencos y francófonos que defendían modelos federales distintos: un federalismo bipolar entre las comunidades lingüísticas y culturales, defendida históricamente por los partidos flamencos, y un federalismo tripolar de carácter económico, con Flandes, Valonia y Bruselas como entidades federadas, defendida por políticos francófonos. Únicamente la región y la comunidad flamencas han decidido unificar sus instituciones (1980). Las regiones y las comunidades tiene amplias facultades para establecer tratados internacionales en los ámbitos de su competencia y establecer representaciones propias que son casi embajadas en otros países.

Los partidos políticos están divididos de acuerdo a criterios lingüísticos. El Senado federal incluye distintas categorías de senadores de acuerdo a su procedencia (40 proceden de elección directa, 21 proceden de las comunidades –10 de la flamenca, 10 de la francesa y 1 de la de habla alemana– y otros 10 senadores son nombrados por las categorías precedentes). El Senado puede introducir modificaciones en un proyecto de ley. En el caso de las leyes ordinarias la Cámara de Representantes (Cámara Baja; 150 escaños), elegida por un sistema proporcional para un periodo de cuatro años, tiene la última palabra. Por el contrario, en las leyes bicamerales, relacionadas con las relaciones internacionales y con la estructura de la federación, el proyecto debe ser aprobado por ambas cámaras en pie de igualdad. Las leyes que afectan a las comunidades disponen de un procedimiento específico que necesita un apoyo mayoritario de cada grupo lingüístico parlamentario (francés y flamenco) tanto en la Cámara como en el Senado, así como un apoyo de dos tercios en cada una de ambas cámaras. La adscripción a cada grupo lingüístico parlamentario es decidida de acuerdo al régimen lingüístico del distrito en el que ha sido elegido el parlamentario individual.

Existe un conjunto de instituciones (gobierno federal, grupos parlamentarios, comité de concertación, tribunal de arbitraje, etcétera) que son de carácter consocional: presentan una composición paritaria entre miembros hablantes de las dos principales colectividades lingüísticas (el primer ministro está exento en la contabilidad de esta regla). Además, existe la posibilidad de que en el Parlamento federal se utilice el denominado procedimiento del timbre de alarma: permite a un grupo lingüístico parlamentario parar temporalmente una iniciativa legislativa si tres cuartas partes de éste considera que amenaza a su comunidad. La iniciativa es devuelta al Gobierno (donde hay una paridad lingüística) que puede enmendarla, ratificarla (motivadamente) o dimitir. El timbre de alarma también se emplea en la región bilingüe de Bruselas.

Un tribunal de arbitraje controla la constitucionalidad de las leyes en relación a la división de poderes entre las regiones, las comunidades y el gobierno federal, mientras su actuación en otras áreas es mas limitada. Incluye doce jueces, distribuidos también a partes iguales entre sus características lingüísticas; sus dos presidentes ejercen la presidencia funcional por turnos. El sistema de financiación es bastante más descentralizado en relación a los gastos que a los ingresos. Los poderes residuales son de la federación (algo que ya está planteado revisar en un futuro). La reforma constitucional es compleja y un tanto anticuada: se requiere la aprobación de dos composiciones distintas del parlamento federal y dos tercios favorables en cada cámara, pero no incluye a las unidades constituyentes (una característica que refleja la raíz histórica de la federación como estado unitario y no como una confederación previa). Así, estas últimas, están más protegidas a partir de las leyes ordinarias que a través del proceso de reforma constitucional. La monarquía pretende representar simbólicamente a todo el estado belga, con independencia de las adscripciones lingüísticas de sus ciudadanos. Pero en los últimos años ha sido la Unión Europea la que ha incentivado que se tomen acuerdos en los órganos establecidos a tal efecto desde un tipo de procedimiento que es el más descentralizado de la UE.

Mañana: Bosnia-Herzegovina

07/08/2004 7-Bosnia y Herzegovina, la doble federación

Buena parte del actual territorio de la república actual de Bosnia-Herzegovina estuvo bajo control otomano durante más de 400 años. En 1908, unos años después del Congreso de Berlín que reconoció al imperio austro-húngaro derechos sobre la zona (1878), Bosnia (y Croacia) había sido anexionada al imperio. Tras la Primera Guerra Mundial, Bosnia-Herzegovina fue integrada en el reino de serbios, croatas y eslovenos (príncipe Aleksandar I), rebautizado en 1929 como Yugoslavia (eslavos del sur). Durante la Segunda Guerra Mundial, se estableció un gobierno títere de carácter profascista en Bosnia (y Croacia). Tras la guerra, fue creada la república socialista federal de Yugoslavia bajo el mando de Josip Broz Tito, líder del movimiento partisano, que incluía a Bosnia-Herzegovina como una de las seis repúblicas de la federación.

El derrumbe de los regímenes comunistas del este europeo propició en 1990 la renuncia del monopolio político de la Liga de los Comunistas y unas primeras elecciones multipartidistas, así como el inicio del proceso de desmembración del Estado yugoslavo. Tras el reconocimiento de la independencia de Eslovenia y Croacia por parte de la Comunidad Europea –después de un periodo de guerra de diez días y de siete meses, respectivamente–, los miembros musulmanes y croatas del Parlamento bosnio (no así los serbios) aprobaron la convocatoria de un referéndum sobre la soberanía bosnia, celebrado en 1992 aunque con el boicot de los dirigentes serbios (que contaban con el apoyo de los serbios de Serbia y Montenegro). La independencia fue apoyada por el 99,7% de los votantes, con una participación del 64,4%. La proclamación de la independencia provocó una guerra de más de tres años de duración y entre tres contendientes, cuya crueldad y violencia aún están presentes en el recuerdo de buena parte de los europeos (un cuarto de millón de muertos; dos millones de refugiados). En 1994, con una fuerte presión internacional, cesó el conflicto entre croatas y musulmanes (acuerdo de Washington), creándose la Federación de Bosnia-Herzegovina. Posteriormente, los líderes de estos dos grupos junto a los líderes serbios iniciaron en Dayton (Ohio, EE.UU.) un acuerdo de paz, firmado finalmente en París a finales de 1995 con el fin de establecer un gobierno democrático y multiétnico. Un contingente internacional de 60.000 soldados se estableció en la zona en 1995-96 para controlar la implementación de los aspectos militares del acuerdo. Actualmente se mantiene un número inferior de fuerzas de estabilización (SFOR) para prevenir nuevas hostilidades.

Uno de los anexos del acuerdo de Dayton establece las bases de la nueva República de Bosnia-Herzegovina, compuesta por dos entidades (con su propia constitución): la federación establecida anteriormente (conocida también como la federación bosnia croata, subdividida en ocho cantones) y la República Srpska. El distrito de Brcko, en el nordeste del país, queda bajo supervisión internacional. Las dos entidades comparten una presidencia colectiva de tres miembros elegidos por sufragio (un bosnio musulmán, un croata y un serbio), que rotan en la dirección de la presidencia cada ocho meses, y un parlamento bicameral (Cámara de Representantes y Cámara de los Pueblos). El Gobierno central está compuesto por dos tercios de miembros musulmanes y croatas, y un tercio de serbios.  Una composición que se repite en la Cámara de Representantes (42 miembros que son elegidos por voto proporcional de listas) y en la Cámara de los Pueblos (15 miembros en total, cinco por cada uno de los tres grupos del país, elegidos por los parlamentos de cada una de las dos entidades de la federación general).

Toda la legislación requiere la aprobación de las dos cámaras por mayoría, estipulándose además que dicha mayoría tratará de asegurar el apoyo de, cuando menos, una tercera parte de los votos de los miembros de cada una de las dos entidades, así como un juego de poderes de veto que permiten a los tres grupos bloquear la legislación polémica o las decisiones en la presidencia colectiva.  Repárese en que una de las dos entidades federadas es al mismo tiempo una federación (la entidad federal de Bosnia-Herzegovina, la cual posee a su vez un parlamento bicameral central y una presidencia, vicepresidencia y oficina del primer ministro de carácter rotatorio entre los dos principales grupos de la federación, manteniendo la presencia de dinámicas centrífugas internas).

Las instituciones centrales tienen competencia, entre otras materias, sobre la política monetaria y financiera, las fronteras, la política exterior y comercial, inmigración, refugiados y política de asilo, transportes en el ámbito de la federación. Los poderes residuales pertenecen a las dos entidades federadas (incluida la fiscalidad), las cuales pueden establecer acuerdos con otros estados y con organizaciones internacionales con acuerdo del Parlamento central. Los dos niveles generales de gobierno comparten la responsabilidad en el cumplimiento de la protección de los derechos humanos y en la regulación de la ciudadanía (junto a un listado de otras 15 materias).

La financiación del presupuesto federal se realiza también siguiendo el criterio de los dos tercios por parte de la federación bosnia croata y de un tercio por parte de la República Srpska. Un tribunal constitucional (nueve miembros; cuatro elegidos por la cámara baja de la federación bosnia croata, dos por la Asamblea de la República Srpska y tres no bosnios nombrados por el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) resuelve las disputas entre instituciones del poder federal, entre instituciones de las dos entidades, y entre las de éstas y las de la federación general. La reforma constitucional no puede implicar una disminución de los derechos y libertades establecidos en la Constitución.

Este complejo sistema presenta la debilidad de haber sido fraguado con la presencia y presión internacional (presente con posterioridad a la aprobación de la Constitución a través de las acciones de la oficina del Alto Representante de las Naciones Unidas), de la OTAN en el ámbito militar, y de la OSCE en la organización de las elecciones), así como de pivotar alrededor de una lógica bipolar que ha hecho fracasar a buena parte de federaciones en el mundo, entre dos entidades que recelan mutuamente una de otra (una de las cuales presenta, además, su propia lógica bipolar interna) y cuya estructura funcional es poco cooperativa.

Mañana: Brasil

08/08/2004 8- Brasil, simetría de poderes

EL SENADO TIENE un poder de decisión similar a la Cámara de Diputados, en lo que constituye un bicameralismo simétrico.

Tras tres siglos de dominio portugués, Brasil alcanzó la independencia en 1822. La Constitución (1891) que siguió al golpe de Estado que acabó con la monarquía centralizada heredada del dominio portugués adoptó la forma de organización federal. Las antiguas provincias se convirtieron en estados federados y el sistema parlamentario de gobierno dio paso a un sistema presidencialista con un Parlamento bicameral (Cámara de Diputados y Senado) y un Tribunal Supremo. Las elites políticas regionales, muy consolidadas ya económicamente en tiempos de la monarquía, adquirieron un grado notable de autonomía política. Una característica que estableció la denominada política dos gobernadores ya en los tiempos de la presidencia de Campos Sales (1898-1902), una versión federal oligárquica basada en un pacto implícito entre el presidente de la República y los gobernadores regionales: los miembros del Congreso aprueban las iniciativas presidenciales a cambio de la no intervención de la federación en los asuntos internos de los estados federados. El sistema se basaba en la existencia de un partido por estado. Los años treinta del siglo pasado vivieron un periodo convulso, primero con un gobierno provisional (1930-1937) tras las polémicas elecciones de 1929, que redujeron la autonomía de los estados, y, posteriormente, con el golpe de Estado liderado por Getúlio Vargas, que abolió dicha autonomía (Estado Novo). En 1945, un golpe militar restauró el sistema federal, establecido ahora ya sobre bases de competencia entre partidos. En 1964, otro golpe militar estableció presidentes militares, aunque se mantuvo el sistema federal y distintas regulaciones constitucionales, como los parlamentos estatales o las elecciones regulares a gobernador (ahora de carácter parlamentario). En 1982, se reintrodujeron las elecciones estatales directas. Los gobernadores siguieron desempeñando un papel activo y decisivo en la política federal por medio de su influencia sobre los miembros del Parlamento central. En 1990, después de 30 años, Fernando Collor fue el primer presidente de la República elegido por sufragio.

El sistema político brasileño ha estado, así, caracterizado tradicionalmente por un fuerte presidencialismo de carácter plebiscitario, acompañado por un Parlamento bicameral con poderes bastante simétricos entre las cámaras y con componentes de carácter regional y multipartidista (a excepción de los periodos autoritarios). Los estados han tendido a reproducir el sistema central –con la excepción de las segundas cámaras–. El sistema ha propiciado un elevado nivel de autonomía a los estados y municipios.

La federación comprende en la actualidad 26 estados y un distrito federal (Brasilia) y aproximadamente unos 5.500 municipios. El poder residual reside en los estados, si bien estos se reducen en la Constitución de 1988, al haberse procedido a establecer una lista prolija de los poderes del Gobierno federal. Además, algunas competencias son de carácter compartido (sanidad, educación, servicios sociales, medio ambiente). Los cargos de presidente y vicepresidente están limitados a dos periodos consecutivos. El presidente, elegido por sufragio directo, está dotado de importantes poderes ejecutivos y legislativos (iniciativa legislativa en materias presupuestarias y financieras, derecho de veto rechazado sólo si se da una mayoría absoluta de votos de los diputados y senadores en votación secreta, etcétera).

El Senado está formado por tres representantes de cada estado elegidos por un periodo de ocho años (actualmente, 81 senadores).  Tiene un nivel de poder de decisión similar a la Cámara de Diputados (bicameralismo simétrico), incluida la posibilidad de reelección sin límites temporales. El Senado aprueba las nominaciones presidenciales y autoriza la deuda de los estados y de los municipios. En la Cámara de Diputados (513 escaños elegidos por un sistema proporcional para un mandato de cuatro años) se da una sobrerrepresentación de los estados menos poblados (que son también los menos desarrollados) al establecerse un mínimo de 8 y un máximo de 70 diputados por estado.

El Tribunal Supremo está formado por once jueces nombrados por el presidente de la República con la aprobación del Senado. Las reformas constitucionales pueden ser promovidas por los diputados (1/3), los senadores (1/3), por el presidente y por más de la mitad de los parlamentos estatales (por mayoría relativa de sus integrantes), si bien cuatro materias están excluidas: la forma federal del Estado; el sufragio directo, universal y las elecciones periódicas; la separación de poderes, y los derechos individuales y sus garantías.

Una de las características más notorias (y polémicas) del sistema federal brasileño es la fiscalidad. Se trata de un sistema dual de impuestos, muy detallado en la Constitución (título VI), que incluye también a los municipios y que hace variar el grado de autonomía según el nivel de recursos de cada estado (los estados más desarrollados son los del sur y sudeste del país).

En los años noventa, la presidencia de Enrique Cardoso estableció políticas de estabilización monetaria, de control de la inflación, desregulación, reforma de la Administración y de la Seguridad Social, de reequilibrio de las balanzas fiscales, así como de refuerzo del poder federal en las relaciones intergubernamentales, a cambio de ofrecer salidas federales al endeudamiento de los estados y de promover la privatización de algunos bancos estatales.

Tras la victoria de Lula, a partir del año 2003, el poder federal ha promovido una estabilización internacional de la economía como paso previo para un ambicioso programa de reformas educativas y redistributivas que pueden afectar también al funcionamiento del sistema federal. En la actualidad, Brasil es el Estado más poblado de Latinoamérica y un líder político y económico regional que presenta, sin embargo, uno de los índices de desigualdad más elevados del planeta.

Mañana: Canadá

09/08/2004 9- Canadá y el reto de Quebec

Formada en 1867 a partir de la unión de algunas colonias británicas, la federación consta actualmente de diez provincias y tres territorios (Yukon, noroeste y Nuvanut, este último desde 1999). Es una federación plurinacional (Quebec; minorías indígenas o First Nations), fuertemente descentralizada y con elementos asimétricos, que presenta un carácter fuertemente dual y competitivo en la división de poderes entre la federación y las unidades federadas (provincias).

Las provincias más pobladas presentan un fuerte componente multicultural y plurilingüístico (el 60% de la población tiene el inglés como lengua materna, el 26% el francés, mientras el 14% de los canadienses tiene otras lenguas maternas). El inglés y el francés son oficiales en todo el territorio de la federación.

La economía canadiense se encuentra altamente desarrollada y regionalizada en las provincias de Ontario y Quebec. Un 80% de las exportaciones van a EE.UU. En 1989 estos dos países firmaron el Free Trade Agreement, al que se incorporó México en 1992. Canadá tiene uno de los índices más altos del mundo tanto de renta per cápita como de desarrollo humano (que sintetiza índices de renta, esperanza de vida y educación). Desde la Segunda Guerra Mundial, cuatro temas han dominado los debates políticos de la federación: la construcción de un sólido estado de bienestar, el posible secesionismo de Quebec impulsado principalmente desde una creciente perspectiva de nacionalismo liberal por parte del partido quebequés; la emergencia y consolidación de las demás provincias, y la cuestión indígena.

El sistema de gobierno es de carácter parlamentario, si bien la estricta división territorial de poderes entre la federación y las provincias, junto a una muy débil representación de las segundas en la primera ha conllevado a un claro predominio de los poderes ejecutivos sobre los legislativos, tanto a nivel de la federación como a nivel de las provincias. El Senado, no electivo y cuyo número de escaños no suele sobrepasar los 105 senadores, ocupa una posición muy marginal en la federación, en contraste con la importancia de las relaciones intergubernamentales, especialmente las de carácter ejecutivo. La Cámara de los Comunes consta de 301 escaños elegido para un mandato de cinco años. Los sistemas electorales siguen la tradición británica en favor de sistemas mayoritarios, regulación que facilita los gobiernos unipartidistas a nivel federal, principalmente por parte del partido liberal, aún cuando el sistema de partidos canadiense se halla regionalizado (hegemonía de los partidos liberal y quebequés en el este y del partido conservador en el oeste). La reforma constitucional requiere la aprobación de siete de los diez parlamentos provinciales que comprendan como mínimo el 50% de la población de la federación.

Desde sus orígenes centralizados (1867), la evolución de la federación canadiense ha estado marcada por una creciente descentralización, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. A pesar de que formalmente los poderes residuales –aquellos no asignados explícitamente a ningún nivel de gobierno–, pertenecen al parlamento federal, las decisiones de la Corte Suprema han ejercido una importante función descentralizadora. Además, la falta de capacidad integrativa de las instituciones centrales, así como la creciente importancia de algunos ámbitos provinciales, como la sanidad, la educación, o los servicios sociales, y, muy especialmente, la creciente importancia del nacionalismo de Quebec son otros factores que han actuado a favor de la descentralización. En las últimas décadas, el impulso nacionalista de Quebec ha sido un factor de descentralización del que también se han beneficiado las otras provincias. Entre otras, las provincias tienen competencias en fiscalidad, sanidad, educación, poder local, derechos civiles, poder judicial, y en algunos casos en inmigración y pensiones.

En 1982, se produjo la repatriación constitucional que desvinculaba a Canadá de casi todos los elementos de la autoridad británica e introducía una Carta de Derechos y Libertades de aplicación en todo el territorio de la federación (no aceptada por Quebec; esta provincia de habla predominantemente francesa dispone de su propia Carta de Derechos Humanos y Libertades, aprobada por su Asamblea Nacional en 1975). En los últimos años también se han aprobado tratados específicos con colectividades indígenas sobre derechos territoriales y culturales. Tras el referéndum de Quebec de 1995 (favorable sólo por menos de un 1% al mantenimiento de la provincia en la federación), una importante decisión de la Corte Suprema Canadiense (agosto de 1998) estableció la legitimidad de “renegociar” la vinculación de Quebec a la federación en caso de que una “mayoría clara” se mostrase favorable a ello en respuesta a una “pregunta clara” sobre la cuestión (puede decirse que la Corte se mostró favorable al “derecho de autodeterminación” de Quebec, aunque regulado desde premisas más federales que nacionalistas –fueran éstas últimas canadienses o quebequesas–, si bien con posterioridad el poder central ha pretendido controlar el proceso a partir de la ley de la claridad del 2000). A finales del 2003, a instancias del Gobierno de Quebec, se ha creado el Consejo de la Federación, institución que agrupa a los gobiernos de las provincias y territorios canadienses sin participación del poder central (será a veces invitado a las sesiones) con el fin de establecer posiciones y estrategias comunes frente a la federación.

Mañana: Comores

10/08/2004 10- Comores, tensión centrífuga

El archipiélago de Comores comprende cuatro islas del océano Índico situadas entre Mozambique y Madagascar (canal de Mozambique). Las sucesivas migraciones han mezclado las poblaciones de origen malayo, persa, árabe, cafre y los autóctonos originales de la cultura swahili. Tres cuartas partes de una población de poco más de 650.000 habitantes es rural. La mitad es menor de 15 años. Los índices de pobreza son de los más elevados del mundo en una economía eminentemente agrícola, con escasa industria, con una muy elevada deuda externa y con infraestructuras y comunicaciones precarias.

Los sultanatos anteriores a la dominación francesa del archipiélago en el siglo XIX persisten en la cultura diferenciada de las islas. La independencia fue establecida definitivamente en 1975 (presidente Ahmed Abdallah), habiéndose realizado el año anterior un referéndum que ofreció un resultado claramente favorable a la independencia, pero sólo en tres islas del archipiélago: Maore (Mayotte) optó por la permanencia bajo bandera francesa. Desde la independencia, se han producido diecinueve golpes o tentativas de golpe de Estado. Tras los primeros golpes, que tuvieron como fondo la histórica rivalidad entre las islas, Abdallah volvió al poder en 1978, optando por una primera Constitución federal como una vía para la integración política de Mayotte (a pesar de haberse opuesto anteriormente, al verla como una etapa previa a la separación). La federación era  centralizada y el presidente concentraba importantes parcelas de poder. Las presidencias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se repartían entre las tres islas de la federación, aunque no existía una segunda Cámara federal. La crisis económica aumentó las desigualdades sociales y las rivalidades previas, que actuaron de forma centrífuga entre las islas. También incrementó el intervencionismo de un poder central que concentraba los escasos recursos, más de un tercio de la fiscalidad y los fondos internacionales. Abdallah fue asesinado en 1989. Su sucesor, Mohamed Djohar, fue declarado incompetente en 1991. La demanda de igualdad entre las islas, particularmente fuerte en la isla de Mwali (Moheli) llevaron, tras una conferencia nacional en 1992 con participación de la sociedad civil, a establecer la República Islámica Federal de Comores, que agrupó a tres de las cuatro islas del archipiélago, Njazidja (Gran Comores), Nzwani (Anjouan) y Mwali (Moheli). Maore (Mayotte) se mantiene bajo administración francesa.

Una nueva Constitución (1992) estableció que cada una de las tres islas de la federación estuviera gobernada por un gobernador y un consejo parlamentario. El primero era elegido por sufragio directo por un periodo de cinco años con una limitación de dos mandatos, mientras que el segundo, también elegido por cinco años, establecía los gastos y los recursos de la isla –impuestos directos en la isla; indirectos parciales a escala de toda la república; los recursos exteriores establecidos en la isla, y una parte de los recursos exteriores dirigidos a la república–. El presidente de la República era elegido por sufragio, era quien garantizaba formalmente tanto la unidad de la República como la autonomía y el equilibrio entre las islas. Dirigía las relaciones exteriores y nombraba a los miembros del Ejecutivo de acuerdo con los resultados electorales de la Asamblea Federal, elegida cada cuatro años. La Constitución de 1992, en contraste con la anterior, estableció un Senado con una representación igual de las islas (5 miembros) elegidos indirectamente por seis años por colegios de base municipal. Cuando los senadores de una isla rechazaban en bloque un proyecto de ley aprobado por la Asamblea, éste debía retirarse en caso de que en la Asamblea, en una segunda lectura, una mayoría de los miembros de una isla lo rechazase. Un Consejo Constitucional resolvía la constitucionalidad de las leyes de los distintos niveles de gobierno y de los acuerdos internacionales. La Constitución también establecía una institución de carácter islámico, el Consejo de la Ulema, encargado de la protección y promoción de esta religión, en cuyo nombre se administraba la justicia.

Finalmente, una aguda crisis política bajo el presidente Taki Abdulkarim (1997), presidida por la rebelión de las islas de Mwali y Nzwani, que declararon la independencia, fue mediada por la Organización de Estados Africanos (Addis Abeba, 1997) y por el acuerdo de Fomboni (2000), si bien la crisis se ha mantenido con posterioridad. La Constitución actual (2001) estableció la Unión de las Comores, a través de un periodo transitorio dirigido por un gobierno de unidad nacional vigente hasta el 2002, fecha en que el nuevo presidente, Azali Assoumani, fue elegido. La presidencia rota cada cuatro años entre los nuevos presidentes de las islas de la Unión. Una Asamblea unicameral de 30 miembros es elegida a partes  iguales por las asambleas de las tres islas y por sufragio universal. Además de las islas federadas existe un conjunto de cuatro unidades municipales (Domoni, Fomboni, Moroni y Moutsamoudou). El Tribunal Supremo incluye dos magistrados elegidos por el presidente, otros dos por la Asamblea Federal, uno por cada consejo de las islas y por los anteriores presidentes de la República. Las demandas de autodeterminación siguen siendo visibles en las tres islas, mientras Comores reclama la administración sobre la cuarta isla, Maore (Mayotte).

Mañana: Emiratos Árabes

11/08/2004 11- Emiratos Árabes, monarquías federadas

LA CONSTITUCIÓN representa una mezcla de aspectos tradicionales, no democráticos, y modernos, de elementos federales y confederales

Situados en la punta del nordeste de la península Arábiga (golfo Pérsico), los Emiratos Árabes Unidos comprenden siete estados que incluyen unas 200 islas. Se trata de territorios ya poblados de manera sedentaria alrededor del quinto milenio a.C. Comerciantes portugueses mantuvieron relaciones con el área en el siglo XVI, mientras que en los dos siglos siguientes, holandeses, británicos y más tarde franceses compitieron por el control de las rutas comerciales, aunque con muchas dificultades y frecuentes pérdidas. En 1820, se firmó una serie de acuerdos entre británicos y distintos gobernantes (jeques) a fin de mantener la paz y acabar con las habituales prácticas de piratería (en versión inglesa) o de guerra marítima (en versión autóctona). En 1853, se alcanzó la tregua marítima perpetua (los territorios fueron conocidos como los Estados de la Tregua) y en 1892, se firmó un acuerdo exclusivo por el que Gran Bretaña se comprometía a garantizar la política exterior y la defensa de dichos territorios.

En 1952, los siete estados del área (Abu Dabi, Dubai, Achman, Fuyairah, Ras Al Jaimah, Sharyah y Umm Al Qaiuain) establecieron el Consejo de los Estados de la Tregua para discusión y coordinación de  asuntos de interés mutuo, una institución que fue consolidándose con el tiempo, estableciéndose un comité formado por dos representantes de cada emirato que establecía la agenda del consejo. Entre 1968 y 1971 se produjo un intento de establecer una federación de los Emiratos Árabes con Qatar y Bahrein, pero no se llegó a ningún acuerdo estable. Los siete emiratos mantuvieron, sin embargo, conversaciones entre ellos, llegando seis de ellos (a excepción del emirato de Ras Al Jaimah) finalmente a un acuerdo para un texto constitucional provisional que establecía la federación de los Emiratos Árabes Unidos (1971), con un presidente y un vicepresidente. Ras Al Jaimah se integró en la federación al año siguiente sin que se modificara la Constitución. La Constitución se convirtió en permanente en 1996.

Aunque el petróleo, además del turismo y el comercio, ha supuesto un enriquecimiento de la región (23.200 dólares per cápita, 2003), existen grandes disparidades entre los distintos emiratos y entre la población de éstos. Así, Abu Dabi –que representa el 85% de la extensión de la federación– y Dubai concentran el 75% del PIB.

La Constitución representa una mezcla tanto de aspectos tradicionales, no democráticos, y modernos, como de elementos federales (tradicionalmente defendidos por Abu Dabi) y confederales (defendidos por Dubai). En ella se hacen proclamas a favor de la Gran Nación Árabe, unida por vínculos de “religión, lengua, historia y un destino común”. La institución federal más relevante es el Consejo Supremo de Gobernantes, formado por los monarcas de los siete emiratos, una característica que imbuye al consejo de una lógica confederal. El consejo, que se reúne cuatro veces al año, tiene atribuciones ejecutivas y legislativas, aunque el poder de los emiratos es asimétrico, ya que Abu Dabi y Dubai son los únicos que tienen poder de veto. Todas las decisiones relevantes requieren el acuerdo de una mayoría de cinco miembros entre los que deben contarse Abu Dabi y Dubai. Tanto el presidente (jefe del Estado) como el vicepresidente son elegidos entre los miembros del consejo por un periodo de cinco años. El presidente nombra un primer ministro y al Gobierno, que suele incluir a más componentes de los emiratos con más población. El Consejo de Ministros propone leyes federales, supervisa la implementación de las leyes federales, de los decretos y de las decisiones judiciales, si bien las líneas básicas de la federación son establecidas por el Consejo Supremo. El islam es la religión oficial y la charia es entendida como una de las principales fuentes legislativas al lado de otros principios como la igualdad, la justicia social y el impulso de la educación y la sanidad.

El órgano legislativo es unicameral (Consejo Federal Nacional o Majlis Al Ittihad Al Watani) está formado por 40 miembros distribuidos de acuerdo con criterios de población (entre 8 y 4 miembros por estado) y nombrados por los gobernantes de acuerdo con disposiciones propias de cada estado. Sus funciones son consultivas. Nótese que se trata de una federación de carácter no liberal democrático: no existen elecciones ni partidos políticos, y las mujeres no participan en las instituciones, si bien existen programas y servicios específicos de educación y sanidad para la población femenina a través de la Federación de las Mujeres.

Las áreas que caen bajo la jurisdicción federal incluyen defensa, seguridad, política exterior, moneda y finanzas, comunicaciones, educación, sanidad, seguridad social, matrimonio, tráfico aéreo, relaciones laborales, aguas territoriales. Los poderes residuales pertenecen a los estados. El emirato que históricamente ha mostrado un mayor interés en reforzar los lazos federales ha sido Abu Dabi, que es también el estado que financia de manera más importante la federación. A pesar de las apariencias, sin embargo, la federación es bastante laxa, ya que los recursos naturales y la riqueza pertenecen a cada emirato, el cual legisla sobre algunas materias federales. Además, Dubai y Ras Al Jaimah no están plenamente integrados en el sistema legal de la federación (asimetría legislativa). El poder judicial incluye un Tribunal Supremo, formado por cinco miembros nombrados por el presidente, que decide sobre conflictos constitucionales, y los tribunales de primera instancia. Los casos penales son vistos en tribunales islámicos (charia). La reforma constitucional sigue el mismo procedimiento legislativo, estando la última decisión en manos del Consejo Supremo y, dentro de él, en la voluntad de los monarcas de Abu Dabi y Dubai –que a menudo defienden posiciones distintas– de llevar a cabo las reformas. La admisión de nuevos miembros en la federación requiere la unanimidad del Consejo Supremo. En el año 2000 se firmó un pacto (Consejo de Cooperación Árabe del Golfo) con Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Qatar y Bahrein para compartir aspectos de la defensa y avanzar hacia la creación de una moneda común y una unidad comercial.

Mañana: Estados Unidos

12/08/2004 12- Estados Unidos: un modelo influyente

LA INFLUENCIA del federalismo americano ha sido decisiva en la extensión de este modelo de organización territorial al resto del mundo

Tras la declaración de independencia (1776), las colonias americanas establecieron una confederación que les permitió ganar la guerra secesionista frente a Gran Bretaña (tratado de París, 1783) y, tras algunos intentos fallidos, establecer una Constitución en la convención de Filadelfia (1787), aún vigente en al actualidad y que estableció por primera vez una división federal entre dos niveles de gobierno. La idea central era la de construir una “unión más perfecta” que garantizara la libertad individual y de los estados a la vez que el imperio de la ley.

En el plano institucional, se creó un Congreso bicameral (Cámara de Representantes y Senado), en el que la Cámara Alta establecía un principio de igualdad representativa entre los estados de la Unión (dos senadores por estado), mientras que la Cámara Baja representaba a la población a partir de distritos basados en el número de habitantes. El trasfondo de los acuerdos federales refleja una pugna entre las posiciones de los federalistas y de los antifederalistas (partidarios de una unión de carácter confederal, más débil, entre los estados). Mientras la defensa clásica de las posiciones de los primeros se encuentra en los artículos escritos por Madison, Hamilton y Jay, recogidos en El federalista, los segundos argumentaban a partir de los riesgos para la libertad individual y colectiva de establecer un poderoso poder central (federal). Madison insistía en la conveniencia de una república extensa y plural como garantía de la libertad y del control contra la tiranía de las mayorías o minorías. Se alcanzó el compromiso de que el Congreso sometería una carta de derechos a la ratificación de los estados (diez primeras enmiendas constitucionales que regulan, entre otras, los derechos y libertades de expresión, religión, prensa, a portar armas, a estar protegido frente a los registros de la autoridad). La concepción favorable a una visión de la Unión forjada desde unos estados soberanos ha sido posteriormente defendida por la teoría compacta del federalismo, frente a la concepción de la democracia nacional, defensora de la federación como producto del pueblo americano. En los tiempos más recientes, la teoría compacta a favor de los estados ha sido defendida por el Partido Republicano en el llamado nuevo federalismo (plasmado en las políticas desempeñadas por mandatarios como Reagan, Bush) frente a la mayor inclinación de los demócratas en favor de los poderes de la federación.

La república se fue extendiendo principalmente a partir de la compra de la Louissiana a Francia (1803) y de la expansión hacia el Oeste, que hizo aumentar de 13 a los 50 actuales el número de estados durante los últimos 200 años. La cuestión de la esclavitud, sin embargo, dividió al país hasta provocar una guerra civil (1861-1865), que, entre otras consecuencias, tuvo una repercusión directa en la evolución del federalismo. Tanto la reconstrucción de la posguerra –con la 13.ª enmienda, que abrogó la esclavitud; la 14.ª, sobre derechos civiles, y la 15.ª, sobre las garantías para la población negra–, como los procesos de industrialización, las dos guerras mundiales, la teoría del New Deal impulsada por el presidente Roosevelt, así como la función interpretativa del Tribunal Supremo, reforzaron el papel del poder federal (y, dentro de él, el papel de la presidencia).

Además del Congreso, la Constitución estableció la elección de un presidente mediante un método indirecto por estados a partir de un colegio electoral (integrado por 535 miembros) que refleja la importancia del federalismo en la democracia norteamericana. Además, todos los estados, excepto Maine y Nebraska, dan todos sus votos presidenciales al ganador (votos equivalentes a la suma del número de senadores y de representantes de ese estado). Ello ha permitido que hasta cuatro presidentes (el último, Bush hijo en el 2000) hayan sido elegidos a pesar de haber sido superados en los resultados del voto popular en el conjunto del país por otro candidato (ello quedó visualizado, casi hasta el paroxismo, en el polémico recuento electoral del decisivo estado de Florida en el año 2000, así como a través de la subsiguiente votación del Tribunal Supremo a favor, por cinco votos a cuatro, de que el recuento a mano violaba la igual protección de derechos de la 14.ª enmienda).

La Cámara de Representantes consta de 435 miembros elegidos para dos años. Los senadores son elegidos por periodo de seis años, renovándose por tercios cada dos años. La 17.ª enmienda estableció su elección por sufragio directo en lugar de por las legislaturas estatales (1913). La Constitución y las leyes federales son prevalentes. El procedimiento de reforma constitucional requiere dos tercios de votos en las dos cámaras del Congreso y tres cuartas partes de apoyo por parte de los estados. Los nueve jueces del Tribunal Supremo son nombrados por el presidente y ratificados por el Senado, pudiendo ser destituidos sólo por impeachment. La división de poderes establece la jurisdicción del Congreso sobre materias fundamentales, como impuestos, moneda, defensa, bienestar, comercio, etcétera, añadiéndose lo que se ha denominado la cláusula elástica, que permite al Congreso establecer las leyes necesarias para llevar a cabo los poderes citados y que ha sido esgrimida por el Gobierno federal en el momento, por ejemplo, de regular el comercio interestatal, las políticas de bienestar, o en el momento de llevar a cabo la protección de los derechos civiles en todo el territorio de la federación (14.ª enmienda).

Los poderes residuales pertenecen a los estados (10.ª enmienda). Aunque estos últimos han sido reducidos a menudo mediante la acción de la federación y de la interpretación judicial, en los últimos años el Tribunal Supremo ha tendido a constreñir la expansión del poder central. Los poderes fiscales de la federación aumentaron sobre todo a partir de la 16.ª enmienda, en 1913, alcanzando su punto culminante en los años de la gran sociedad, impulsada por la Administración Johnson en la década de los años sesenta. Las transferencias federales condicionadas (grants-in-aid) disminuyeron a partir de las presidencias de Reagan, en la década de los ochenta, retornándose poderes a los estados a partir de 1994, aumentándose también su autonomía en el uso de los grants.

Estados Unidos mantiene relaciones de distinto tipo de carácter federal con distintos territorios de carácter insular: Puerto Rico (denominado impropiamente estado libre asociado), la Samoa americana, las islas de Guam, Baker, Howland, Jarvis, Midway, Navassa, Wake, Palau, Marshall, Marianas del Norte y Vírgenes; los atolones Johnston y Palmyra, y el arrecife Kingman.

La influencia del federalismo americano ha sido decisiva en la extensión del federalismo durante los siglos XIX y XX. Tras el fin de la guerra fría, Estados Unidos se ha convertido en la única superpotencia política y militar del planeta que, con la llegada del Partido Republicano al poder federal y los sucesos acontecidos el 11 de septiembre del año 2001, ha llevado a realizar una política hegemónica unilateral, especialmente en el área crítica de Oriente Medio, cuyas consecuencias están todavía lejos de entreverse en su totalidad y extensión.

Mañana: Etiopía

13/08/2004 13- Etiopía: el federalismo en la pobreza

A PESAR DE TRATARSE de uno de los países más pobres de la tierra, su sistema federal presenta características inéditas

Etiopía es uno de los estados independientes más antiguos del mundo (unos 2.000 años). Después de la Segunda Guerra Mundial, la actualidad política de Etiopía ha estado marcada por dos temas básicos, el cambio de régimen de la monarquía de Haile Selassie a un sistema socialista, primero, y de éste a un sistema constitucional y federal, y por el conflicto y subsiguiente secesión del territorio de Eritrea. Tras la liberación del país de la dominación italiana en 1941, el exilado emperador Selassie volvió al poder etíope hasta su deposición en 1974. Eritrea, creada como entidad propia a finales del siglo XIX por la política colonial italiana, fue federada a Etiopía en 1952, tras diez años de mandato británico, a través de una resolución de las Naciones Unidas. Tras un fallido intento de golpe de Estado en 1962, el gobierno aumentó la política de centralización. En 1974, una junta militar (Derg) proclamó a Etiopía como Estado socialista, iniciándose un periodo de terror rojo, que produjo decenas de miles de muertos y centenares de miles de exiliados. Siguiendo el modelo de la Unión Soviética, en 1984 fue declarada la República Democrática Popular de Etiopía, dirigida por el Partido de los Trabajadores. El final de la guerra fría y la retirada del apoyo soviético facilitaron las victorias de movimientos insurgentes, primero en las provincias de Eritrea y Tigray, ambas en el norte del país, y posteriormente en las provincias centrales y del este. En 1991, se produjo la conquista de la capital, Adis Abeba. Tras un periodo transitorio de reformas económicas y de consultas para la elaboración de una nueva Constitución, ésta fue aprobada en 1995, y quedó proclamada la República Democrática Federal de Etiopía. Paralelamente, en 1991 el Frente de Liberación del Pueblo de Eritrea estableció un gobierno provisional. Dos años más tarde, se realizó un referéndum bajo los  auspicios de la ONU, tras el cual Eritrea declaró su independencia. Un conflicto militar estalló por razones fronterizas entre ambos países en 1998, saldándose en el año 2000 con un acuerdo de paz y el establecimiento de tropas internacionales en la frontera común.

A pesar de tratarse de uno de los países más pobres de la tierra, de presentar a la vez una importante diversidad nacional, lingüística, étnica y religiosa, de contar con parte de población nómada y vinculada a la autoridad de clanes, y de no contar con ninguna tradición democrática en su historia, el sistema federal etíope presenta algunas características casi inéditas en el federalismo comparado que lo convierten en uno de los más avanzados del mundo en materia cultural. Se considera a los ciudadanos teniendo presente las características de los grupos etnolingüísticos del país, reconocidos en el mismo preámbulo constitucional, y que incluyen más de 80 grupos distintos (y más de 200 dialectos hablados). Todas las lenguas son reconocidas en pie de igualdad. Los estados federados deciden sobre sus lenguas de trabajo respectivas. Además el país presenta un importante pluralismo religioso, con un 40% de musulmanes, un 40% de cristianos y un 20% de religiones animistas. No se conocen conflictos interreligiosos. Su modelo parlamentario de carácter plurinacional admite el derecho de autodeterminación e incluso el derecho de secesión de las unidades federadas a través de determinadas reglas constitucionales. La federación está compuesta por nueve estados que siguen líneas étnicas de demarcación.

El presidente es elegido por la Cámara Baja (Cámara de Representantes) para un periodo de seis años. En dicha cámara se reservan 20 escaños para las minorías (sobre un máximo de 550 miembros elegidos por un sistema mayoritario para un periodo de cinco años). Los miembros de la cámara alta (Cámara de la Federación; 108 escaños) son elegidos, en cambio, por sufragio directo o indirecto, según sea la decisión de los estados al respecto. La relación entre representantes nombrados por los estados federados y los representantes elegidos es aproximadamente de 7 a 4. Su mandato es por cinco años. Una de las funciones principales de la cámara alta es la salvaguarda e interpretación constitucional. A este fin se creó un comité de indagación constitucional presidido por el presidente del Tribunal Supremo que somete sus apreciaciones, no vinculantes, a la Cámara de la Federación. Los nueve estados de la federación, muy diversos entre sí en cuanto a la población, están presididos por un presidente regional que dirige el poder ejecutivo y es responsable ante el Parlamento regional. La capital constituye una décima unidad federada cuyo presidente es elegido por el Consejo de la ciudad.

La división de poderes detalla las competencias de la federación que incluyen, entre otras, defensa, política y comercio exterior, desarrollo económico y social, fijación de los criterios generales de las políticas educativas y sanitarias, inmigración, y la declaración del estado de emergencia. La fiscalidad es compartida por los dos niveles de gobierno, y en caso de no estar asignados específicamente son decididos por mayoría de dos tercios en una sesión conjunta de las dos cámaras del Parlamento central. La cámara alta decide la fórmula de los subsidios que recibe cada estado. Los poderes residuales son asignados por la constitución a los estados.

Los dos niveles de gobierno están legitimados a iniciar el proceso de reforma constitucional. Su aprobación requiere una mayoría de dos tercios de las instituciones de los estados. El derecho a la secesión (artículo 39) es entendido en la Constitución como parte del derecho de autodeterminación expresado en el preámbulo. Se establecen unas reglas detalladas para el ejercicio de este derecho, como una mayoría de dos tercios en el Parlamento del estado, así como un voto mayoritario en un referéndum organizado por la federación. Dicho procedimiento permitió formalmente la secesión de Eritrea en 1993. Hasta el momento ningún otro estado ha emprendido un proceso de secesión. Por otra parte, el derecho de autodeterminación permite que en cualquier momento, también a través de reglas específicas que incluyen referendos, “las naciones, nacionalidades y pueblos constituyan sus propios estados en la federación”.

Mañana: India

14/08/2004 14- India, un modelo adaptado a la diversidad

SU VARIEDAD lingüística y cultural hace que su democracia federal sea uno de los casos más complejos de acomodación política

LOS LÍMITES DE LOS estados se han ido adaptando progresivamente para hacerlos más congruentes con esta multiculturalidad interna

Con una población que supera los 1.000 millones de habitantes, India constituye la mayor democracia del mundo. En los últimos años ha experimentado índices importantes de crecimiento económico (alrededor del 6% del PIB) que combaten, aunque aún tímidamente, su endémica pobreza (35% de la población) aunque provocan importantes problemas medioambientales. Junto a sus características demográficas y económicas, su diversidad lingüística y cultural con milenios de acumulación histórica, hace que esta democracia federal sea uno de los casos más complejos de acomodación política del planeta.

La independencia (1947) adoptó la estructura federal, mencionada como una “unión de estados”, siguiendo las líneas ya emprendidas de devolución de poderes ejercida en las últimas décadas por la administración británica (leyes de 1919 y 1935). En la constitución de 1950 se optó por un poder central fuerte que fuera capaz de mantener unido un país que contaba con más de 600 territorios con líderes locales, junto con 27 estados iniciales (reducidos a 14 en 1956 siguiendo líneas lingüísticas). Paralelamente se han ido cambiando los límites de los estados de la federación para hacerlos más congruentes con la diversidad lingüística y cultural internas (la creación del Punjab en 1966, por ejemplo, combinaba razones de diferenciación lingüística y religiosa). El caso más reciente de cambios en las unidades territoriales ha sido la creación de tres nuevos estados, Chattisgarh, Jharjand y Uttaranchal en el año 2000, que ha elevado el número total a 28 estados (junto a 7 territorios de la unión). Las relaciones entre el poder central y los estados están reguladas por un consejo interestatal.

El sistema de gobierno es de tipo parlamentario con un Parlamento bicameral (Lok Sabha o Cámara del Pueblo, y la Rajya Sabha o Cámara de los Estados). El presidente es elegido para un mandato de cinco años por una asamblea que incluye las dos cámaras y las legislaturas de los estados. La Cámara del Pueblo consta de 545 miembros (dos nombrados por el presidente y el resto elegido desde las asambleas de los estados), mientras que la Cámara de los Estados incluye 250 miembros elegidos por sufragio (12 son nombrados por el presidente).

El carácter centralizador de la federación india está incluso regulado con la posibilidad de intervención en los derechos y poderes de los estados hasta un periodo de dos años, si así lo juzga necesario la Cámara Alta del Parlamento central por una mayoría de dos tercios. También puede ser declarado el estado de emergencia en un territorio por parte del gobierno central, tal como ha sido el caso en determinados conflictos internacionales o internos (por ejemplo, con Pakistán en 1971), e incluso la sustitución de un gobierno de un estado por parte del gobierno central, si bien el Tribunal Supremo estableció en 1994 el carácter condicional de esta disposición constitucional para evitar abusos arbitrarios. La división de poderes establece una lista de 97 materias correspondientes a la Unión, frente a 66 de los estados y 47 compartidas. Entre las primeras destacan defensa, moneda, energía nuclear, ciudadanía y comercio interestatal, mientras entre las segundas encontramos orden público, gobierno local, sanidad, comunicaciones, agricultura comercio interior. Entre las materias concurrentes están educación, derecho penal, planificación y sindicatos. La dinámica de la federación india ha ido reforzando el poder central.

El Tribunal Supremo es nombrado por el presidente. Los jueces ejecutan sus funciones hasta la edad de 65 años. La iniciativa de reforma constitucional corresponde a cualquiera de las dos cámaras del Parlamento, requiriendo una mayoría de los miembros de la cámara y una mayoría mínima de dos tercios de los miembros que intervienen en la votación, así como la ratificación de al menos la mitad de los estados. El Tribunal Supremo, compuesto por un presidente y 25 jueces con amplias facultades de intervención, es nombrado por el presidente del país. Es la última instancia en la interpretación y salvaguarda de la constitución, así como en la resolución de los conflictos entre los estados, y entre éstos y la Unión. La fiscalidad es de carácter dual: cada nivel de gobierno establece sus propios impuestos. La Unión posee una lista de 12 conceptos impositivos por 19 de los estados. Los poderes locales también tienen cierto poder fiscal. Una comisión financiera central nombrada por el presidente establece recomendaciones en relación con las relaciones fiscales entre el centro y los estados. Asimismo, desde 1951 ha actuado una comisión de planificación para encarar en planes de cinco y de un año de validez los grandes problemas de pobreza y desarrollo de la federación a través de un importante sector público y de la regulación del sector privado. Los estados también con sus propios consejos autónomos.

En 1983, se creó una comisión (Sarkaria) con el fin de revisar las relaciones entre la federación y los estados, tanto en relación con la división de poderes como en relación con las funciones y responsabilidades de ambos niveles. Las recomendaciones de la comisión incidieron en la conveniencia de proceder a una mayor descentralización, reforzando la parte de los estados en las materias compartidas y abogando por una mayor autonomía fiscal de los estados y por una descentralización de éstos hacia las entidades locales (panchayats y municipios). Sin embargo, el intento del poder central de dar rango constitucional a los panchayats (consejos rurales) en 1989 fracasó en la votación de la Cámara Baja al generar una oposición por interpretarse como un injerencia de carácter uniformizador en las competencias de los estados con el fin de debilitarlos a través del refuerzo del poder local. Finalmente, en 1993 fue aprobada una ley sobre transferencia de hasta 47 poderes a los consejos rurales y a los municipios, que dejaron de ser consideradas meras agencias para el desarrollo para convertirse en entidades de autogobierno. Con esta reforma, el federalismo en India estableció un tercer nivel de gobierno. Además, ello ha propiciado una mayor democracia participativa y representativa a nivel local que presta atención y reserva determinados escaños a grupos sociales marginados, como las castas inferiores o las mujeres. Con esta reforma constitucional, los cargos elegidos en el conjunto del país (centro y estados) han pasado de unos 5.000 a más de tres millones (un millón son mujeres). Cada estado cuenta con una comisión electoral encargada de la supervisión del proceso, así como con regulaciones de carácter fiscal. Este tercer nivel federal, junto con las políticas de desarrollo y los frecuentes cambios que experimenta el sistema de partidos, enmarcan la evolución reciente del federalismo en India.

Mañana: Malasia

15/08/2004 15- Malasia, un federalismo monárquico

EL SISTEMA DE gobierno de la federación es de tipo parlamentario e incluye una inusual monarquía electiva

Situada en la península malaya y en el norte de la isla de Borneo, en el Sudeste Asiático, Malasia es actualmente una federación que incluye 13 estados y tres territorios federales (Kuala Lumpur, Putrajaya y Labuan). El dominio británico ejercido en el territorio durante el siglo XIX estaba basado en tratados con los sultanatos del área, el gobierno directo sobre tres colonias, Singapur, Malaca y Penang, e indirecto sobre los estados de Sarawak y Norte de Borneo. De los nueve estados del área, cuatro formaron una  federación en 1896. Tras la Segunda Guerra Mundial, se creó la Federación de Malaya (1948), formada por nueve estados y las antiguas colonias de Malaca y Penang. Sin embargo, la descentralización era de carácter más administrativo que político. La federación respondía a una lógica de protección de los intereses de los ciudadanos y elites malayas frente a unos contingentes crecientes de inmigración, fundamentalmente de origen chino e indio. La existencia de una guerrilla de tendencia comunista durante los años cincuenta, influyente especialmente en las áreas rurales con población china indujo a las autoridades a tomar medidas militares y sociales que evitaran un conflicto de carácter étnico que el sistema federal propiciaba.

La nueva Constitución de 1957 aumentó la capacidad de decisión política de los estados en un esquema que permitía la mutua transferencia de poderes entre los niveles de gobierno. En 1963, la federación se amplió a los estados de Singapur, Sarawak y Sabah (los dos últimos en el norte de Borneo), a pesar de la oposición de Indonesia y Filipinas y de algunas minorías en los nuevos territorios de la Federación de Malasia. En conjunto la población malaya constituía el 46% de los habitantes, mientras que la de origen chino se situaba alrededor del 36%. Un conflicto sobre los poderes de la federación y los derechos especiales para la población malaya estalló muy pronto en Singapur, donde un 75% de la población era de origen chino y los malayos sólo representaban el 14%. El resultado fue la expulsión de Singapur de la federación, algo muy poco frecuente en la política comparada, pero que reforzó al poder central de la federación frente a los estados, y a la población malaya en la federación. La decisión fue ratificada, casi en silencio, por el Parlamento de la antigua colonia británica (1965). La emergencia de importantes desórdenes en 1965 llevaron a la suspensión temporal de la Constitución y el Parlamento, y el país fue gobernado por decreto durante más de 15 meses, situación que restringió el poder de los estados y que, tras la restauración constitucional, reforzó los rasgos malayos de la federación, incluido el idioma, así como la posición del islam como religión oficial. El cuestionamiento público de tales prerrogativas, incluidas la cámaras parlamentarias, puede ser objeto de causa penal (Sedition Act).

El sistema de gobierno de la federación es de tipo parlamentario, con predominio del poder ejecutivo, e incluye una inusual monarquía electiva. El jefe del Estado es un monarca elegido (Yang Di-Pertuan Agong) cada cinco años por la conferencia de los nueve sultanes hereditarios de los estados de la anterior federación malaya. Los otros cuatro estados de la federación (Malaca, Penang, Sarawak y Sabah) están dirigidos por un gobernador nombrado por el jefe del Estado de acuerdo con el primer ministro. Cada estado posee un asamblea elegida que a su vez elige al primer ministro del Estado. El parlamento federal es bicameral.

El primer ministro es un miembro de la Cámara de Representantes (Dewan Rakyat), cuyos 193 miembros son elegidos por un sistema mayoritario por cinco años, mientras que los miembros del gobierno pertenecen a ambas cámaras. El Senado (Dewan Negara) está compuesto por 69 miembros, dos por estado, más 43 miembros designados por el jefe del Estado, también de acuerdo con el primer ministro, que suelen pertenecer al partido de la mayoría y que en la práctica diluyen la función de defensa de los estados federados.

La federación está marcada por una expresa voluntad de obtener un determinado grado de uniformidad en todos los estados, permitiendo la posibilidad de que los dos niveles de gobierno se transfieran mutuamente poderes a través de acuerdos ejecutivos. Aunque los poderes residuales son formalmente asignados a los estados, la mayoría de las materias más destacadas están asignadas constitucionalmente a la federación. Entre ellos se incluyen defensa, política exterior, derecho civil y penal, comercio, finanzas, industria, fiscalidad, educación, sanidad, trabajo y seguridad social.

Los estados tienen asignadas las materias de agricultura, gobierno local, servicios, una parte de los ingresos federales –calculada a partir de la población y de la longitud de las comunicaciones, y que no supone más que el 13% de los ingresos federales–, así como la administración del islam y del derecho consuetudinario malayo. Los estados emplazados en la isla de Borneo, Sarawak y Sabah recibieron en el momento de integrarse en la federación poderes adicionales que la convierten en una federación asimétrica en relación con la división de poderes (mantienen, por ejemplo, sus propios controles de inmigración).

El control judicial constitucional, asignado en principio a los tribunales, quedó distorsionado por la posibilidad del gobierno central de declarar una emergencia que sólo faculta el control de la constitucionalidad cuando afecta a la religión, la lengua, la ciudadanía, las costumbres malayas y al derecho nativo. A su vez, el primer ministro tiene en la práctica facultades para restringir las libertades y derechos individuales a través de la Sedition Act y de las detenciones preventivas.

A partir de un conflicto institucional acaecido en 1988 entre el primer ministro y el Supremo, la revisión constitucional pasó de los tribunales al Parlamento. La reforma constitucional requiere la aprobación de dos tercios del Parlamento federal. Los estados no toman parte en el proceso de reforma, una característica que también ha reforzado el papel del poder central sobre las políticas y la administración de los estados.

Mañana: México

16/08/2004 16- México, una tímida descentralización

SE TRATA DE UN sistema federal altamente centralizado que concentra muchos poderes en el presidente de la República

Las tensiones territoriales frente al poder central desempeñaron ya un papel importante en el proceso de independencia de México (1810). La primera Constitución, de carácter monárquico (Agustín de Iturbide), definió dos instancias territoriales, los estados y los municipios, aunque el federalismo no fue introducido hasta 1824, tras la insurrección del general Santa Anna, como una práctica institucional de prevención de las tendencias centrífugas mostradas por algunos estados. Sin embargo, las tensiones no desaparecieron y el federalismo fue eliminado en la nueva Constitución de 1835 (Texas declaró su independencia en 1836), procediéndose a una recentralización del poder. La nueva Constitución federal de 1857, de carácter centralizado y que eliminó el Senado para conferir muchos poderes al Congreso, no estabilizó el sistema de gobierno. Diseñada por los liberales (federalistas) contó con la oposición de los conservadores (centralistas) y al final precipitó una guerra civil que ganaron los primeros. La nueva Constitución de 1867 (Juárez) permitió reintroducir el Senado unos años más tarde (1875), aunque con la intención de reforzar el poder central y con menos poderes políticos y presupuestarios que el Congreso. La subsiguiente y larga dictadura de Porfirio Díaz (1876-1910) desembocó en la revolución, que condujo a la Constitución de 1917, aún vigente, que instaló importantes poderes ejecutivos en el poder central, así como la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el prolongado periodo entre 1929 y el año 2000.

La federación mexicana incluye 31 estados y el distrito federal de la capital (Ciudad de México). Se trata de un sistema altamente centralizado que concentra muchos poderes en el presidente de la República (a la vez jefe del Gobierno), que es elegido por sufragio por un periodo de seis años. De 1928 a 1997 el presidente nombraba a las autoridades locales en el distrito federal. La división de poderes ha concentrado en la federación buena parte de las políticas concretas: educación, sanidad, comercio, agricultura, energía, trabajo, alimentación, así como los principales recursos económicos y financieros. A pesar de que los poderes residuales corresponden a los estados, la división fáctica de poderes reduce la amplitud de éstos. En los años noventa se inició un proceso de descentralización en educación y sanidad. Es el poder central quien recoge los impuestos sobre los ingresos y, desde 1980, sobre los que gravan el consumo. La distribución de los recursos –que no establece una fórmula concreta– ha sido un tema polémico permanente, especialmente desde que partidos de la oposición ganaron elecciones en los estados y en el poder local.

El Parlamento es bicameral (Cámara de Diputados y Senado). El Senado está formado por 128 miembros elegidos para un periodo de seis años: cada estado elige dos senadores (incluido el distrito federal) mediante un sistema mayoritario. Son también elegidos aquellos candidatos que en cada estado obtienen los mejores resultados, además de los asignados previamente (uno por estado). Los 32 senadores restantes son elegidos mediante una representación proporcional en el ámbito de todo el país, y no representan, por tanto, a ningún territorio específico. Entre las funciones de la Cámara Alta, además de tomar parte en el proceso legislativo, están la de aprobar los tratados internacionales y la de ratificar a los miembros del Tribunal Supremo –que no desempeñó un papel decisivo en el federalismo mexicano desde la época de Porfirio Díaz hasta 1997–, al fiscal general, al presidente del Banco Nacional y a los embajadores. El Senado no interviene, sin embargo, en la discusión y distribución del presupuesto. La Cámara de Diputados consta de 500 miembros elegidos por un periodo de tres años (300 por voto directo y 200 a partir de los resultados obtenidos por cada partido).

El Tribunal Supremo es nombrado por el presidente, con la aprobación del Senado. La reforma constitucional requiere la aprobación de dos tercios del Congreso y de una mayoría de las cámaras de los estados. Una enmienda constitucional prohibió en 1933 la reelección de los cargos públicos con el fin de proceder a una pretendida “circulación de las elites” que beneficiaba al hegemónico PRI –que ostentó ininterrumpidamente la presidencia del país desde 1929 hasta el año 2000, la mayoría en el Congreso hasta 1997, así como las principales instituciones de los estados hasta la década de los años ochenta y la mayoría de los municipios– y que no consolidaba las políticas realizadas, especialmente las de ámbito local. Durante este periodo fueron frecuentes las prácticas de fraude electoral. Esta hegemonía de partido distorsionó el funcionamiento práctico de los mecanismos federales, al supeditar, tanto en el plano político como en el económico, los gobiernos estatales y locales al poder central y, más concretamente, a una presidencia que lideraba también el partido y que realizaba transferencias discrecionales a los estados siguiendo criterios políticos. De hecho, muchas veces los gobernadores de los estados actuaban más como representantes del poder central en sus territorios que como un nivel de gobierno autónomo.

El país sigue presentando en la actualidad graves desequilibrios sociales internos, así como una falta de solución institucional y sociocultural a la cuestión indígena (10% de la población), ejemplificada en el conflicto de Chiapas. En los años ochenta y noventa se procedió a una cierta descentralización que, de entrada, tuvo sólo cierta efectividad en los núcleos urbanos, si bien a partir de los años noventa ha incidido en los ámbitos de la educación y de la sanidad (transferidos a los estados), junto con una distribución de recursos más favorable a los estados y municipios, y asignada con menos discrecionalidad que en periodos anteriores (nuevo federalismo), aunque los recursos cedidos son muchas veces de carácter finalista y el total controlado por el Gobierno central supera aún el 70% a principios de siglo XXI.

Mañana: Micronesia

17/08/2004 17- Micronesia, bajo la mirada estadounidense

ESTE GRUPO DE ISLAS estuvo bajo mando de EE.UU. durante más de 30 años, y aún hoy conservan un acuerdo de libre asociación

Los Estados Federados de Micronesia (EFM) comprenden los cuatro grupos de islas de Yap, Chuuk, Pohnpei y Kosrae situados en el conjunto de las islas Carolinas en el océano Pacífico (Micronesia incluye los conjuntos de las islas Carolinas, Marianas, Marshalls y Kiribati). El conjunto de los cuatro grupos de islas incluye una población estimada de unos 110.000 habitantes pertenecientes a nueve grupos étnicos distintos. Durante la Segunda Guerra Mundial (1944) este grupo de islas, junto con Palau, las Marianas y las Marshalls, estuvo bajo administración estadounidense de carácter centralizado –legitimada por un acuerdo de la ONU en 1947 (Trusteeship Agreement). EE.UU. pasó a ser la potencia hegemónica en esta parte del Pacífico sustituyendo al anterior predominio japonés. Las islas tenían unos índices de pobreza muy elevados, estaban muy poco atendidas por parte de la administración norteamericana hasta el gobierno Kennedy, que dobló en 1963 los recursos destinados a las islas, especialmente en los ámbitos de las infraestructuras, transportes, sanidad y educación, aunque sin promover una economía autosuficiente.

Los iniciales planes de convertir los territorios de Micronesia en un nuevo estado de la Unión fueron abandonados por las dificultades que suponía compaginar esta política con la presión ejercida sobre la URSS para que abandonara las islas que había ocupado en el norte de Japón. Por otra parte, surgieron posiciones distintas dentro de las islas de Micronesia, como la voluntad expresada por los chamorros en las Marianas del norte de reforzar los vínculos con EE.UU., o la mantenida por las islas Marshalls y Palau de no seguir vinculadas a los otros archipiélagos de menores recursos (reivindicación aceptada por la administración Carter). Tras la celebración de un referéndum en toda la zona sobre una propuesta constitucional en 1978, ésta fue rechazada en Palau y las Marshalls, y ratificada en los cuatro grupos de islas restantes (Yap, Chuuk, Pohnpei y Kosrae) que formaron la federación de los EFM en 1986, año de la independencia (se mantiene un acuerdo de libre asociación con EE.UU.).

En contraste con la práctica habitual en otras federaciones, el Parlamento de los EFM es unicameral. El Congreso elige al presidente y al vicepresidente del país para un periodo de cuatro años (no se aprobó una propuesta de elección directa por sufragio). El presidente es a la vez jefe del Estado y presidente de Gobierno. El Congreso está compuesto por catorce miembros, cuatro elegidos por cada uno de los estados para un periodo de cuatro años y 10 elegidos por sufragio para un periodo de dos años. Una propuesta para la elección directa del presidente fue rechazada. Si bien la Constitución establece una lista exhaustiva de los poderes del Gobierno central que incluye la moneda y las finanzas, en la práctica existe una conexión directa con el sistema monetario, financiero y de defensa de EE.UU. Los poderes residuales pertenecen a los estados, aunque la Constitución establece la existencia de materias cuyo carácter las hace incontrovertiblemente parte del poder central. Las competencias compartidas incluyen educación, sanidad, crédito, seguridad y política social. Un Tribunal Supremo nombrado por el presidente y aprobado por el Congreso por una mayoría de dos tercios resuelve los casos de constitucionalidad y los conflictos institucionales y división de poderes. La fiscalidad asegura que al menos la mitad de los impuestos recogidos en un estado revertirán en él. La reforma constitucional puede ser iniciada por el Congreso, la iniciativa popular o por una convención constituyente, incluyéndose una prescripción de consulta a los electores cada diez años sobre la conveniencia o no de revisar la Constitución. Si la respuesta es afirmativa se debe proceder a la organización de una convención a tal fin. Una muestra del carácter cultural específico de la Constitución de los EFM es la protección de los “derechos y líderes tradicionales”. Estos últimos son reconocidos por la Constitución, no pudiendo ser denegada su función en cada nivel de gobierno y en los cuatro estados de la federación. La Constitución prevé incluso la posibilidad de establecer una eventual “Cámara de Jefes” formada por líderes tradicionales y por representantes electos en caso de ausencia de los primeros, así como la reserva de un escaño en el Congreso para líderes tradicionales de cada estado. Las tendencias centrífugas entre los grupos de islas están presentes en la vida política de los EFM, los cuales han mostrado en los últimos años un creciente desapego al Gobierno central, a la intromisión de los ciudadanos de los otros estados en la vida económica local, a la carestía y reparto de los fondos federales, así como en relación con el tratado de libre asociación con EE.UU. El territorio no es objeto actualmente de ninguna disputa internacional.

Mañana: Nigeria

18/08/2004 18- Nigeria, un federalismo a golpe de Estado

La República Federal de Nigeria es el Estado más poblado de África (unos 125 millones de habitantes). Su territorio actual vivió la hegemonía de varios imperios y reinados, el más conocido de los cuales es el imperio Fulani, que en el siglo XIX dominaba la mayor parte del norte de Nigeria. En el sur estaban establecidos los estados de Benin y Oyo (Yoruba), mientras que en el este lo estaban las colectividades igbo e ibibio. La colonización británica en el área se estableció durante los siglos XIX y XX. En 1900 fueron declarados los protectorados del Norte y Sur de Nigeria. Sucesivas constituciones fueron aprobadas en los años 1922, 1946, 1951, 1954, hasta la proclamación de la independencia en 1960. Las disposiciones regionales de algunas de estas constituciones precedieron la estructura federal adoptada con la independencia y, tres años más tarde, con la primera Constitución republicana (1963). El carácter multiétnico del país enmarcó una lucha por los recursos del poder central y regional entre los distintos grupos, así como una demanda creciente de nuevas unidades territoriales que han pasado de las tres iniciales a las 36 de la actualidad. Ello no evitó, sin embargo, los golpes de Estado de 1966 –que abolió el sistema federal– y 1967, que causaron miles de muertos entre las distintas etnias, especialmente de igbos, buena parte de los cuales (alrededor de un millón) regresó a su tierra natal desde sus lugares de residencia. La región del este del país devino en el Estado de Biafra hasta la conclusión de la guerra civil subsiguiente, que terminó en 1970 con la rendición de las tropas biafreñas. La inestabilidad persistió durante la década de los años setenta, a pesar de la importancia económica adquirida por el petróleo. Una sucesión de golpes exitosos y fracasados, así como de asesinatos de líderes en el poder, condujo a la segunda Constitución republicana (1979), también federal y que instauraba un sistema de gobierno presidencialista y el poder local como tercer nivel territorial. Nuevos golpes en 1983 y 1985 llevaron al poder a los militares tras suspender la Constitución de 1979. Tras otro periodo de inestabilidad que propició la disolución de la Asamblea en 1993, fue proclamada la IV República en 1999.

La actual república federal comprende 36 estados y el territorio federal de la capital (Abuja, desde 1991). El Parlamento (Asamblea Nacional) es bicameral (Cámara de Representantes y Senado). El Senado incluye tres senadores de cada estado y uno de la capital federal, elegidos por un periodo de cuatro años. La Cámara de Representantes actual está formada por 346 miembros elegidos también por cuatro años en distritos de población aproximadamente equiparable. El presidente es a la vez jefe del Estado y presidente del Gobierno federal. Es elegido por sufragio directo por cuatro años, siendo reelegible por un periodo adicional. Los ejecutivos de los estados federados están dirigidos por un gobernador. Las disputas entre los niveles de gobierno son resueltas por el Tribunal Supremo, nombrado por el presidente. Un Tribunal de Apelación, nombrado por el Gobierno federal, resuelve las apelaciones procedentes de los tribunales inferiores y ejerce jurisdicción sobre la validez de la elección a la presidencia.

La Constitución establece una lista de 68 materias exclusivas, cuya legislación corresponde a la Asamblea Nacional y doce materias concurrentes. Los poderes legislativos residuales pertenecen a los estados. En la redistribución de los recursos entre los territorios de la federación se utilizan criterios de población (número de habitantes y densidad), de ingresos y geográficos. La reforma constitucional requiere el acuerdo de dos tercios del Parlamento y de dos tercios de los estados.

La legislación actual está basada en el derecho común y, recientemente, en la ley islámica, en algunos estados del norte del país. Este último rasgo ha ocasionado disturbios en los que los principales perjudicados han sido los ciudadanos originarios de la parte sudeste del país que vive en el norte. En el año 2000 tuvo lugar en Lagos una histórica reunión de los gobernadores de los estados del sur, que, entre otras decisiones, abogaron por la implementación de un “federalismo verdadero” que permita a los estados el control de sus recursos. La evolución práctica del federalismo nigeriano sigue siendo una cuestión abierta.

Mañana: Pakistán

19/08/2004 19- Pakistán, federalismo bajo dominio militar

A PESAR DE ADQUIRIR una estructura formalmente federal, en la práctica el país funciona mediante criterios unitarios y centralizados

El dominio británico (1857- 1947) en el valle del Indo sustituyó a mediados del siglo XIX al imperio Mughal, vigente durante los tres siglos anteriores, estableciendo un sistema de gobierno centralizado e incrementando el territorio tras el control previo de Sindh y Punjab.

En el extenso territorio de la India británica, ya se reconocieron algunos derechos de la población musulmana a través del establecimiento de electorados separados y de una autonomía política con representación en el centro (Government of India Act, 1935). Sin embargo, la evolución política posterior en el Congreso Nacional Indio cuestionó el federalismo como alternativa de futuro, propiciando una actitud creciente a favor de considerar a la colectividad musulmana como una nación separada en busca de un estado propio separado de la India (Resolución de Lahore, 1940).

Tras las elecciones de 1946, la independencia de Pakistán (1947) significó, así, la inusual emergencia de un estado en dos territorios separados por más de 1.500 kilómetros pertenecientes a India (federación que adquirió su independencia en el mismo momento que Pakistán). Ambos territorios pakistaníes incluían una mayoría de población musulmana –Sindh, Baluchistán, la parte occidental del Punjab y la provincia de la frontera del noroeste en la parte occidental del país, y el ala oriental de Bengala y el distrito de mayoría musulmana de Sylhet en la provincia de Assam, en la parte oriental–. Esta parte oriental adquirió a su vez la independencia en 1970 (Bangladesh) tras una guerra civil que duró 21 meses y que produjo una invasión por parte de India.

Actualmente, la población está fundamentalmente concentrada en la provincia de Punjab (56%), una cuestión que polariza la vida política al combinarse con la democracia mayoritaria de ascendencia británica (Pakistán ha adoptado el sistema cuasi-federal establecido por la India Act de 1935 como base de sus constituciones tras adquirir la independencia).

La adscripción política de algunos territorios, como Cachemira y Jammu, de mayoría musulmana pero que eran regentados por un rey hindú en el momento de la independencia, sigue siendo una cuestión disputada entre India, China y la República Islámica de Pakistán. Otra zona en disputa es Junagadh, actualmente bajo control del estado indio de Gujarat, así como el control de la frontera con Afganistán, recientemente relacionada con flujos de población vinculados a los ataques de la organización Al Qaeda. La rivalidad con India se ha acrecentado a partir de la conversión de Pakistán en potencia nuclear en 1998. En 1999, el general Musharraf dio un golpe que suspendió la Constitución, inicialmente para un periodo de tres años, y trató posteriormente de legitimar la extensión temporal de su posición institucional, de momento hasta el año 2007, a través de pronunciamientos favorables del Tribunal Supremo (2000) y de las asambleas parlamentarias (2004).

A pesar de adquirir una estructura formalmente federal, en la práctica el país funciona de acuerdo a criterios unitarios y centralizados, especialmente tras el dominio de los sectores militares (constituciones de 1962 y 1973). El Parlamento (Majlis-e-Shoora) es bicameral (Asamblea Nacional y Senado). La Asamblea Nacional distribuye sus escaños (actualmente 342) de acuerdo con la población de las cuatro provincias Punjab, Baluchistán, Sindh y la Provincia de la Frontera del Noroeste, la capital (Islamabad) y las Áreas Tribales Administradas Federalmente. El sistema electoral es mayoritario reservándose escaños para las mujeres (60) y los grupos no islámicos (10). El Senado, por su parte, es una cámara de representación territorial cuya composición es decidida por las asambleas provinciales. Actualmente está compuesto por 100 miembros. Sin embargo, el Senado no está legitimado para decidir sobre leyes monetarias y presupuestarias o sobre el control económico del gobierno federal y de los gobiernos provinciales.

La división de poderes se establece a partir de dos listas legislativas, la de aquellas materias que corresponden a la federación (67) y la de las materias concurrentes entre los dos niveles de gobierno (43). Las materias residuales son atribuidas a las provincias, pero otras disposiciones enmarcan una clara hegemonía del poder central sobre los poderes provinciales. Así, los gobernadores provinciales, por ejemplo, pueden ser nombrados por el gobierno federal, el cual puede asimismo disolver las asambleas provinciales, destituir a sus gobiernos, dictar instrucciones a las provincias o nombrar al jefe de la policía provincial. En caso de conflicto entre las legislaturas de los dos niveles de gobierno se impone la federal. El poder judicial está encabezado por el Tribunal Supremo (nombrado por el presidente) y por el Tribunal Federal Islámico (Tribunal de la Shari’a).

En teoría, existen dos entidades de concertación entre los niveles de gobierno. Por un lado, el Consejo de Intereses Comunes, compuesto por los jefes de los ejecutivos federal y provinciales (o sus representantes) establece decisiones sobre determinadas políticas (ferrocarriles, gas natural, electricidad, aceite mineral, etc), aunque solo se reunió una vez entre 1988 y 1999. Por otro lado, la Comisión Nacional de Finanzas, también una entidad federal-provincial, encargada de la distribución de unos impuestos que reflejan también un predominio del poder central. Las provincias cuentan con algunas fuentes de recursos propios, pero ven disminuido el conjunto global cuando disminuye la actividad económica general. Baluchistán y la Provincia de la Frontera del Noroeste reciben transferencias adicionales para la promoción de su desarrollo. Los poderes locales no cuentan prácticamente con ingresos propios, dependiendo de las transferencias federales y provinciales. De esta manera, puede decirse que en conjunto Pakistán es una federación más en el nombre que en la realidad, especialmente con el dominio político directo o indirecto ejercido por el estamento militar –la última suspensión de la constitución tuvo lugar en 1999, siendo restaurada en el año 2002– y que en la práctica convierten a Pakistán en un estado de carácter unitario.

Mañana: Rusia

20/08/2004 20- Rusia, la dura transición tras el comunismo

La Federación Rusa comprende un extenso territorio de más de 17 millones de km2 y unos 145 millones de habitantes de más de 100 nacionalidades. El 80% de la población es de cultura rusa. La URSS constituye el precedente de la Federación Rusa actual. Formada tras la revolución (1917) –que depuso a la dinastía Romanov, que había gobernado en los últimos 300 años– y la subsiguiente guerra civil (1917-1921), la URSS quedó constituida como un estado formalmente federal, aunque en realidad su carácter socialista (planificación económica) y su estructura de partido único la convertían en un estado muy centralizado tanto en la economía como con relación a las decisiones políticas. A partir de finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, la URSS sufrió un colapso político y un proceso de desintegración territorial. Buena parte de sus minorías nacionales reivindicaron la independencia o un mayor grado de autogobierno.

A pesar de la independencia lograda por antiguas repúblicas soviéticas (Ucrania, estados bálticos, etcétera) la Federación Rusa creada tras el colapso de la URSS ha logrado mantener su integridad territorial. La firma del tratado de la federación en 1992 fue realizada por todas las unidades constituyentes excepto Tatarstán y Chechenia, aunque la primera entró en la federación mediante un tratado bilateral dos años más tarde. El caso de Chechenia, donde sigue desarrollándose una cruenta guerra desde hace ya varios años, continúa estando políticamente irresuelto. De todos modos, la transición de un sistema comunista a una economía de mercado y a un sistema constitucional y multipartidista está desarrollándose de modo confuso y con importantes costes para los sectores más desprotegidos de la sociedad (las desigualdades sociales han aumentado drásticamente, mientras los índices de desarrollo humano, como la esperanza de vida, se han resentido de forma significativa durante la última década). A pesar de retener el ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU –que antes tenía la URSS– y su participación en el G-8, el papel de Rusia en la esfera internacional también ha disminuido. La Comunidad de Estados Independientes, de carácter confederal, muestra la voluntad de Rusia de establecer relaciones de cooperación con algunas de las antiguas repúblicas de la URSS que hoy son estados independientes. La sociedad civil rusa sigue estando aún poco estructurada y es notorio el control de los medios de comunicación por parte del Estado.

La nueva federación establece un sistema de gobierno que combina elementos presidencialistas y parlamentarios. El presidente electo por cuatro años nombra a los miembros del Gobierno federal, incluido el primer ministro, pero éstos deben contar además con apoyo parlamentario. El presidente es una de las piezas clave del sistema. Promulga decretos que tienen fuerza de ley, aunque no pueden contravenir la legislación del país –algo siempre interpretable– y deben ser ratificados por leyes del Parlamento (Federalnoye Sobraniye). El presidente también puede disolver el Parlamento bajo ciertas condiciones y suspender actos ejecutivos de las unidades constituyentes cuando se considera que contradicen los derechos humanos y las libertades, la Constitución, las leyes federales o los compromisos internacionales de la federación.

La federación incluye un complejo sistema de 89 unidades constituyentes. De ellas, 21 son repúblicas, 49 son regiones (oblasts), 6 son territorios (krays), 10 son distritos autónomos (okrugs), además de un oblast autónomo y dos ciudades federales (Moscú y San Petersburgo). Las repúblicas ocupan el vértice de las entidades federadas y muchas de ellas incluyen importantes grupos de población no rusa. Los oblasts y los krays tienen generalmente menos autonomía que las repúblicas y no comprenden divisiones étnicas, mientras que los okrugs sí responden a una base étnica, la de poblaciones nativas que son consideradas a la vez como partes con personalidad propia en la federación y como parte de los oblasts y kreis en los que se encuentran, una ambigüedad que ha sido motivo de conflictos en los últimos años. Todas estas entidades están representadas en la Cámara Alta del Parlamento bicameral de la federación (Consejo de la Federación), a razón de dos miembros por unidad constituyente (178 miembros; desde el 2002 uno es nombrado por el jefe del ejecutivo regional y otro elegido por la asamblea regional). La mitad de los miembros de la Cámara Baja (Duma; 450 miembros en total) es elegida en distritos mayoritarios, mientras la otra mitad lo hace mediante una representación proporcional de listas que superen el 5%. La presidencia de Putin está basada en una voluntad de control sobre las decisiones de las entidades constituyentes a través de políticas de armonización, de la creación de distritos federales –dirigidos por representantes de la presidencia, están encargados del control del ajuste de las leyes regionales a las disposiciones de la federación–, así como mediante la creación del Consejo de Estado (formado por los jefes de los ejecutivos regionales y la presidencia) y del Presidium (siete miembros del Consejo de Estado de carácter rotatorio para la discusión de iniciativas del Gobierno federal)

La constitución establece regulaciones simétricas y asimétricas. Todas las entidades son consideradas miembros iguales de la federación, aunque sólo las repúblicas tienen sus propias constituciones y el derecho a reconocer otras lenguas oficiales además del ruso. Las demás entidades poseen estatutos y legislación propios. Además, a partir de 1994 se han firmado tratados bilaterales –interpretados por el Gobierno federal como documentos subconstitucionales– con buena parte de las entidades constituyentes. Ello ha aumentado el carácter asimétrico de la Federación Rusa al proveer generalmente de mayor autonomía política a las entidades que han firmado dichos tratados respecto a las que no los han firmado. Además, existe en los últimos años lo que ha venido a denominarse una guerra legislativa sobre la coherencia entre las disposiciones constitucionales y legislativas federales y las aprobadas por las entidades federadas.

La división de poderes distingue entre una lista de 71 materias federales (derechos y libertades, sistema financiero, defensa, política exterior, relaciones internacionales, etcétera) y una lista de materias compartidas (uso de la tierra y recursos naturales, educación, sanidad, política científica, etcétera) que han provocado parte de la mencionada guerra legislativa. Los poderes residuales pertenecen a las entidades federadas. Los conflictos se resuelven bien por la actuación mediadora de la presidencia, bien con el envío del caso al tribunal correspondiente por parte de la presidencia. Un Tribunal Supremo controla la constitucionalidad de las leyes e interpreta la división de poderes. Está formado por 19 jueces nombrados por el presidente y confirmados por el Consejo de la Federación. Su actuación ha merecido en ocasiones críticas importantes por parte de las entidades constituyentes.

La reforma constitucional también es compleja. La Constitución distingue distintos procedimientos y mayorías según cuáles sean las partes que reformar, interviniendo en el proceso varias instituciones (presidente, Consejo de la Federación, Duma, el Gobierno federal y los parlamentos de las entidades federadas). La fiscalidad incluye una verdadera red de disposiciones y de negociaciones entre los dos niveles de gobierno, constituyendo uno de los focos habituales de agravios, sean reales o percibidos, especialmente en tiempos de crisis vinculados a una economía en transición hacia un sistema de mercado. Tanto la partida de ingresos (alrededor de un 50%) como la de gastos están transferidas a las unidades federadas, de las cuales solamente una decena transfiere más recursos que los que recibe de la federación.

Mañana: San Cristóbal y Nieves

21/08/2004 21- St. Kitts and Nevis, una federación asimétrica

Estas dos islas de las Pequeñas Antillas fueron habitadas sucesivamente por poblaciones de siboney, arawak y caribe, venidos los primeros de Centroamérica y los demás de Sudamérica. Colón llegó a ellas en 1493 llamándolas San Cristóbal y Santa María de las Nieves (actualmente en inglés St. Kitts and Nevis), si bien los españoles no se establecieron en ellas. Los primeros núcleos de poblaciones europeas en las islas datan de la década de 1620 en San Cristóbal por parte de ingleses y franceses. Tras reducir a los caribes, el tratado de Utrecht de 1713 estableció el dominio inglés sobre aquella isla. Los conflictos entre los colonizadores ingleses y franceses terminaron con el abandono de los segundos. El gobierno inglés tendió a gobernar en conjunto las islas de esta parte del Caribe a través del Leeward Caribbe Islands Government (1671).

El tratado de Versalles de 1783 hizo a las dos islas oficialmente británicas, con los nombres abreviados y lingüísticamente adaptados de St. Kitts y Nevis. Con posterioridad, algunas de estas islas compartieron instituciones –como un Tribunal Supremo y un gobernador– aunque mantuvieron legislaturas separadas. En 1956, St. Kitts, Nevis y Anguilla devinieron una colonia propia. Bajo presión inglesa, en 1958 fue establecida la federación de las Indias Occidentales que agrupaba diez colonias, incluidas St. Kitts y Nevis, a las que luego se adhirieron las Caiman, Turks y Caicos. Pero rápidamente aparecieron disensiones entre distintas islas –algo común en varias federaciones insulares–, tanto por razones institucionales como económicas y fiscales, especialmente por parte de Jamaica, la mayor de las islas de la federación que tras un referendo en 1961 decidió abandonar la federación. Pese a que 1962 era el año previsto para la independencia de la federación, esta fue disuelta ese mismo año. La isla de Anguilla rompió con posterioridad el acuerdo con St. Kitts y Nevis (1971). La independencia de estas dos islas fue declarada en 1983.

Tal como ocurre con otras ex colonias británicas, el sistema de gobierno de S. Kitts y Nevis es de carácter parlamentario (Westminster), manteniendo formalmente un vínculo con la corona inglesa a través de un gobernador general. La federación es institucionalmente asimétrica, a pesar de que sólo tiene dos unidades constituyentes: únicamente la isla de Nevis tiene un gobierno propio; St. Kitts depende del gobierno de la federación. La división de poderes –que, por tanto, solo afecta a Nevis– establece un sistema muy descentralizado en casi todos los ámbitos a excepción de la defensa y de la política exterior. Las acciones conjuntas de la federación en otras materias requieren la aquiescencia de las instituciones de Nevis. También se incluye una cláusula que reconoce el derecho de secesión de Nevis. El Parlamento federal (Asamblea Nacional), es unicameral, y reside en St. Kitts. Su composición está regulada por una comisión (Constituency Boundaries Commision). Actualmente está formado por 8 representantes de St. Kitts y 3 de Nevis elegidos a través de un sistema mayoritario. Pese a su carácter unicameral, la Asamblea también incluye un determinado número de senadores (un mínimo de tres) que no representa necesariamente a los territorios y que no puede exceder de dos terceras partes respecto al número de diputados. Generalmente, dos tercios de los senadores son nombrados a propuesta del primer ministro, mientras el tercio restante lo es a propuesta de la oposición.

Actualmente, hay 14 representantes que ejercen sus funciones para un periodo de cinco años. El ejecutivo federal está dirigido por un primer ministro nombrado formalmente por el gobernador general de acuerdo con los resultados electorales. Los dos niveles de gobierno –el federal y el de Nevis– están capacitados para establecer su propio sistema fiscal, y tiene en cuenta la distribución de la población entre las dos islas.

Los conflictos sobre la interpretación de la Constitución se resuelven en los tribunales, pudiéndose llegar hasta el Tribunal Supremo (High Court) y al Tribunal de Apelaciones (Court of Appeal), además de al Tribunal Supremo de los estados del Este del Caribe establecido en Santa Lucía. La reforma constitucional requiere el acuerdo de dos tercios de la Asamblea Nacional, estableciéndose un mínimo de 90 días a transcurrir entre las dos lecturas de la propuesta y, antes de que sea aprobada, se realiza un referéndum que necesita de la aprobación de dos tercios de los votos en cada isla.

En caso de separación de Nevis, la Constitución establece que ello sólo dependerá de la población de la isla: a propuesta de su cámara legislativa por una mayoría de dos tercios que incluye una propuesta de nueva constitución para la isla, el referéndum de secesión unilateral requiere el voto a favor de dos tercios de los electores en un referéndum que debe pronunciarse sobre la propuesta (que debe ser conocida por lo menos 90 días antes de la votación). En 1998 tuvo lugar un referéndum sobre la secesión, pero la propuesta obtuvo solo el 61,7% de votos favorables en Nevis (con una participación del 58%). Se trata de un procedimiento que polariza las posiciones, y que junto a las cuestiones económicas marca la vida de una federación que, por otra parte, ha reforzado en los últimos años sus vínculos con otras islas del Caribe –mediante una moneda común de un Banco Central y de unas instituciones financieras, judiciales, educativas, sanitarias y de comunicaciones compartidas, etcétera– a través de la Comunidad del Caribe (Caricom), de la Asociación de los Estados del Caribe (ACS) y de la Organización de los Estados del Este del Caribe (OECS).

Mañana: Serbia y Montenegro

22/08/2004 22- Serbia y Montenegro, o lo que queda de Yugoslavia

La historia reciente de Yugoslavia se remonta a la creación del país (1918) después de la Primera Guerra Mundial y del derrumbe del imperio austro-húngaro. El reino de los serbios, croatas y eslovenos –rebautizado como Yugoslavia (patria de los eslavos del sur) por Alejandro I en 1929– agrupaba a Serbia, Montenegro, Croacia, Macedonia, Bosnia y Eslovenia. El sistema político era una monarquía constitucional de carácter centralizado que vivió tensiones territoriales, especialmente entre serbios y croatas, durante el periodo de entreguerras (1918- 1939). Durante la Segunda Guerra Mundial, el país fue dividido y anexionado a distintos poderes (Alemania, Italia, Bulgaria), creándose los estados satélites de Croacia y Serbia por parte de las autoridades nazis. La resistencia estuvo dirigida por dos grupos armados: los chetniks, partidarios de la monarquía del periodo precendente y que actuaban principalmente en las áreas urbanas serbias, y los partisanos, dirigidos por el mariscal Tito, que actuaban en todos los territorios yugoslavos y que lograron liberar el territorio del dominio nazi sin demasiada ayuda de los aliados. La segunda Yugoslavia (1945-1992) se constituyó como una federación entre seis repúblicas: Serbia incluía además dos regiones autónomas (Vojvodina y Kosovo) a partir de las premisas socialistas de partido único. La exclusión del país del bloque soviético en 1948 propició una mayor descentralización que la usual en las federaciones de los países socialistas. Las sucesivas constituciones (1963, 1974) no establecen, sin embargo, procedimientos de disolución de la federación, factor que contribuyó a que el incremento de las tensiones territoriales desembocara en una sucesión de guerras por la independencia en casi todos los territorios (a excepción de Montenegro y Macedonia) en el momento del derrumbe de los sistemas socialistas en la primera mitad de los noventa, que se saldó con la independencia de Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, y Macedonia.

La ausencia de reglas para la disolución de la federación anterior creó tensiones a partir de 1997, cuando Slobodan Milosevic, entonces presidente de la República Federal, escogió como primer ministro a un político de la oposición en Montenegro y no de la coalición dominante. Este hecho, que contravenía el espíritu de la Constitución, y que fue declarado ilegítimo e ilegal por parte de las autoridades montenegrinas, precipitó un progresivo distanciamiento de la federación por parte de éstas con apoyo internacional. En el año 2000, Montenegro sustituyó incluso la moneda yugoslava (dinar) por el marco alemán, decisión que también contravenía la Constitución. El Gobierno federal entró en crisis a raíz de la extradición de Milosevic al Tribunal Penal Internacional de La Haya, a partir de la cual la presión internacional se ha inclinado por el mantenimiento de la federación.

Actualmente, la República de Serbia y Montenegro es una federación que incluye dos entidades: la República de Serbia y la República de Montenegro, consideradas en pie de igualdad. La Constitución actual es del año 2003 e incluye una provisión para una posible separación de las dos entidades en el año 2006 mediante referendos realizados en cada una de ellas (art. 60). El mayor peso demográfico y económico corresponde a Serbia, tanto en términos absolutos como relativos. La división de poderes especifica las materias y funciones de la federación. Entre dichos poderes se encuentran la política exterior, la defensa y seguridad de la federación, las instituciones de la política económica, el sistema financiero y el mercado común, las fronteras, las infraestructuras y las comunicaciones.

La Asamblea Federal, que inicialmente comprendía dos cámaras, la Cámara de los Ciudadanos y la Cámara de las Repúblicas, es actualmente unicameral (126 escaños, 91 serbios y 35 montenegrinos, nombrados transitoriamente por los parlamentos de las dos repúblicas, aunque tras dos años serán elegidos por sufragio directo por un periodo de cuatro años). El presidente ejerce funciones de representación exterior, promulga las leyes, ratifica los tratados internacionales y convoca las elecciones a la Asamblea. La presidencia será ocupada por miembros de las dos entidades federadas de forma alternativa. El presidente de la República y el presidente de la Asamblea no pueden pertenecer a la misma república federada.

El Tribunal Constitucional federal decide sobre la conformidad de las constituciones de las repúblicas respecto a la Constitución federal, y resuelve los conflictos entre las repúblicas y entre éstas y la federación. El Tribunal Federal, por su parte, es la máxima instancia de apelación de los casos procedentes de los tribunales de las repúblicas. Los jueces de ambos tribunales son nombrados por un periodo de nueve años por la Asamblea federal.

Paralelamente, la situación actual en Kosovo, región autónoma de la república serbia con una importante población culturalmente albanesa, ha evolucionado a partir de 1999 hacia un “protectorado internacional de facto”, dirigido por una misión de las Naciones Unidas. Una resolución de la ONU (1244) establece que la solución para Kosovo debe establecerse dentro del marco político actual, con una clara voluntad de prevenir una nueva fragmentación política en los balcanes, si bien dicha solución es ampliamente rechazada por los albaneses kosovares. Los líderes de las comunidades serbia y albanesa han anunciado la creación de un ministerio que promueva la cooperación interétnica.

Mañana: Sudáfrica

23/08/2004 23- Sudáfrica, marcada por el apartheid

Los territorios sudafricanos de El Cabo, Natal, Orange y Transvaal fueron asociados en la South Africa Act del Parlamento británico en 1909 tras la finalización de la guerra de los Bóers (1899-1902), que enfrentó a Gran Bretaña con los colonizadores holandeses. Al año siguiente se estableció el dominio autogobernado de Sudáfrica en la Commonwealth, que no incluía elementos federales. Tras la instauración en la década de los años cincuenta de un sistema de segregación racial (apartheid), que afectó a las áreas residenciales y de recreo, los transportes, las universidades, las entradas a los comercios, y también a las prácticas sexuales, la mayoría negra de la población era tratada como un gran conjunto de “trabajadores invitados” (gastarbeiter), no pudiendo participar en la política hasta los años noventa.

La situación se mantuvo a pesar de los movimientos internos de oposición –activos a partir de los años sesenta– y de la creciente presión internacional, aunque, finalmente, el Gobierno se vió obligado a levantar la prohibición que existía sobre el Congreso Nacional Africano y a la liberación de Nelson Mandela, el líder político que simbolizaba la resistencia y el camino hacia un estado sudafricano sin apartheid. La nueva Constitución se aprobó en 1996. A pesar de establecer un sistema territorial cuasi federal, las referencias explícitas al federalismo fueron conscientemente evitadas al haber sido una de las principales banderas defendidas, entre otros, por el Partido Nacional, partido de la población blanca y tradicionalmente contrario a levantar el sistema de segregación, así como por temer que no se tomaran las medidas reformistas necesarias para la transformación política y social del país. En 1993, el Consultative Business Movement presentó un “informe confidencial” dirigido a los partidos políticos basado en 34 principios constitucionales que sirvió para desatascar el proceso constituyente. Entre los principios se incluía la conveniencia de establecer competencias de carácter exclusivo y de carácter concurrente, así como de que se mantuviera el principio de subsidiariedad como fórmula de control del poder político. El resultado fue un sistema innovador en el ámbito de los derechos y que desde el punto de vista territorial adapta elementos del federalismo cooperativo alemán.

El sistema de gobierno combina elementos presidencialistas y parlamentarios. El presidente, que es jefe del Estado y presidente del Gobierno, es elegido por la Asamblea por un peridodo de cinco años. La protección de los derechos introduce una serie de instituciones, como la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión para la Igualdad de Género, la Comisión para la Promoción y Protección de los Derechos de las Comunidades Culturales, Religiosas y Lingüísticas, y la Comisión Electoral Independiente. Territorialmente, el Estado comprende nueve provincias sin seguir criterios tribales o raciales.

El Parlamento es bicameral (Asamblea Nacional y Consejo Nacional de las Provincias). La Asamblea comprende 400 miembros elegidos mediante un sistema proporcional de listas por un periodo de cinco años. Las provincias están representadas por los 90 miembros del Consejo, diez por provincia, elegidos por los parlamentos provinciales también por cinco años. Uno de sus cometidos es la protección de la diversidad lingüística y cultural de las minorías étnicas del país. En contraste con la mayoría de las federaciones, que hacen del poder local una competencia interna de las unidades constituyentes, la Constitución sudafricana hace de este poder un tercer nivel de gobierno. El capítulo 3 de la Constitución establece las bases de cooperación entre las esferas central y provincial de gobierno, en un difícil equilibrio que quiere mantener sin diluirlo el autogobierno de las provincias y algún rasgo asimétrico (las provincias de Cabo Occidental y de Kwazulu-Natal han aprobado sus propias constituciones). Sin embargo, en la práctica la cooperación ha tendido a reforzar el Gobierno central. La lista de las materias exclusivas de las provincias es corta y de rango inferior (carreteras, planificación provincial, deportes, etcétera). Las materias más decisivas son de carácter concurrente y, si bien ambos niveles pueden legislar, el derecho federal es prevalente. Paralelamente, la autonomía fiscal de las provincias también es limitada, justificándose la centralización, entre otras medidas, por el objetivo de superar las desigualdades “dentro y entre las provincias”. La Comisión Fiscal y Financiera emite recomendaciones sobre la distribución del presupuesto. En caso de conflicto entre los niveles de gobierno, la Constitución requiere a las partes a resolverlas mediante la negociación intergubernamental antes de proceder al recurso en los tribunales. Éstos incluso pueden devolver el caso a los querellantes cuando aprecian que no se han tomado las medias suficientes para resolver el litigio mediante la negociación. El Tribunal Constitucional es la última instancia de interpretación constitucional, incluidos los procesos de reforma y la disputa entre niveles de gobierno. La presentación de recursos es un derecho de los ciudadanos. La reforma constitucional es compleja: incluye cinco tipos de procedimientos. Así, las propuestas de cambios en la división de poderes requieren al menos el 75% de los votos favorables en la Asamblea y el apoyo de al menos seis provincias en el Consejo. La modificación de los derechos y la de fronteras provinciales requieren dos tercios de votos en la Asamblea a favor de la enmienda y también el acuerdo de seis provincias en el Consejo.

Otro rasgo interesante es la relación entre el nuevo sistema institucional y el papel de las normas y líderes tradicionales, dos realidades que resultan a menudo contradictorias. Aunque la Constitución reconoce el carácter histórico de los segundos, también refleja una clara voluntad de combatir su usual carácter patriarcal y autoritario. Para canalizar las posibles tensiones, se han establecido unas instituciones de “líderes tradicionales”, tanto a escala provincial como nacional. Incluso no se descarta “el reconocimiento del derecho de autodeterminación” de cualquier comunidad que comparta una herencia cultural y lingüística común. En la práctica, sin embargo, hasta ahora las funciones del derecho común y de los líderes tradicionales han venido a ser principalmente de carácter consultivo y simbólico. La legitimación del sistema político encara en la actualidad las dificultades asociadas a superar una fuerte crisis económica (pobreza, desempleo, etcétera) y los problemas derivados de los estragos provocados por el sida, que dificultan que el país salga de la situación de pobreza, y las grandes desigualdades que siguen caracterizándolo.

Mañana: Suiza

24/08/2004 24- Suiza, un modelo de respeto a la diversidad

EL MODELO SUIZO se caracteriza por el respeto a la diversidad, tanto por parte de sus ciudadanos como de sus instituciones

Las referencias a una confederación previa entre cantones se remontan al siglo XIII (1291), y no devinieron en la formación de un Estado federal hasta 1848, tras superar una guerra entre cantones de adscripción católica (conservadores) y de adscripción protestante (progresistas y federalistas). Salvo en el breve periodo posterior a la invasión napoleónica, los cantones suizos han mantenido lazos confederales o federales entre ellos desde la edad media hasta hoy. Una característica que hace del caso suizo uno de los más relevantes del mundo en cuanto a la “cultura federal” que impregna es el respeto a la diversidad tanto por parte de los ciudadanos como por parte de las instituciones. La Constitución federal se ha revisado más de 140 veces desde 1848. La neutralidad y la participación activa en distintas organizaciones internacionales y en las Naciones Unidas (aunque no se integró como miembro hasta el 2002) es otro de los rasgos destacados de esta federación, que no participó en ninguna de las dos guerras mundiales

Actualmente, Suiza es una federación plurilingüística (que retiene aún el nombre histórico de confederación sin serlo) formada por 26 cantones (seis son semicantones) considerados soberanos y con competencias legislativas, ejecutivas y judiciales exclusivas en todos sus ámbitos competenciales, incluida su participación en las negociaciones internacionales cuando afectan a dichos ámbitos. La federación reconoce las cuatro lenguas habladas (alemán, francés, italiano y retorrománico), mientras que a escala cantonal impera mayoritariamente el principio de territorialidad lingüística. Los poderes residuales pertenecen a los cantones. Estos también tienen la posibilidad de influir en la legislación del Estado incluso antes de que la proposición se discuta en el Parlamento, en la Cámara Alta, en la que cada cantón posee el mismo número de representantes. Sin embargo, ha disminuido la influencia de los cantones en la Cámara Alta, al no estar capacitados los primeros de instruir a los segundos en las posiciones que mantener en el Consejo de los Estados.

El Ejecutivo federal (Consejo Federal) está formado por siete miembros elegidos por las dos cámaras. Se trata de un mecanismo consocional que integra a los partidos suizos más importantes. Su mandato es de cuatro años. El presidente, elegido entre los miembros del Consejo por un año, es de carácter rotatorio y aúna los cargos de jefe de Estado y de presidente del Gobierno. En la composición práctica del Consejo se tiene en cuenta, además, la composición de los grupos lingüísticos y el sexo. El Parlamento bicameral (Asamblea Federal) comprende el Consejo Nacional y el Consejo de los Estados. El primero (Cámara Baja) incluye 200 miembros elegidos por sistema proporcional por un periodo de cuatro años. El Consejo de los Estados está compuesto por 46 miembros (dos por cantón y uno por semicantón), también elegidos por cuatro años. Las dos cámaras tienen poderes similares. Sin embargo, la influencia de los cantones en este consejo ha disminuido, al no poder instruir a sus representantes.

La Constitución de 1999 (en vigor desde el año 2000) garantiza los derechos fundamentales a todos los residentes en la federación. Los partidos políticos son fuertes a escala cantonal, una característica que a veces los hace actuar como un contrapeso informal frente a tendencias centralizadoras de la federación. Tradicionalmente, ha existido una mayor confianza en la democracia y en la importancia de los referendos que en el “poder de los jueces”, característica que hace que el Tribunal Supremo Federal –elegido por la Asamblea Federal por un periodo de seis años– no incida directamente en la división de poderes. El sistema fiscal es descentralizado tanto con relación a los ingresos como a los gastos. Incluye un sistema de ecualización, introducido ya en 1959, que garantiza a todos los ciudadanos un nivel básico (no igual) de servicios, así como unos recursos suficientes a los cantones para ejecutar sus funciones. Las contribuciones de los cantones y las subvenciones federales se calculan a partir de una fórmula financiera relacionada con sus capacidades. La Constitución también recoge el principio de subsidiariedad en las relaciones entre la federación y los cantones. Estos últimos suelen ser responsables de las competencias de ejecución. La reforma constitucional requiere el apoyo de una doble mayoría en un referéndum obligatorio: la propuesta debe contar con la aprobación de la mayoría de los cantones y de los votantes. Habitualmente, los referendos han propiciado un ritmo lento en las reformas, especialmente por el voto conservador de algunos cantones.

Un tema de creciente interés en Suiza es el de la conveniencia o no de que la federación se integre en la UE y en otras instituciones supranacionales. Ello ha conllevado una creciente influencia de aquellos partidos –como el Partido Popular– que se oponen a la integración y que son influyentes sobre todo en los cantones de habla alemana.

Mañana: Venezuela

25/08/2004 25- Venezuela, entre los pioneros del federalismo

Tras tres siglos de colonización, España agrupó (capitanía general de Venezuela, 1777) las siete provincias que más tarde se convirtieron en Venezuela. En 1810 cada una de estas provincias declaró su independencia proclamando sus propias constituciones, estableciéndose al año siguiente una Constitución federal (1811) por parte de los representantes electos del Congreso General de las Provincias de Venezuela, la primera de los países de América Latina, inspirada en las experiencias de EE.UU. y la Francia revolucionaria (republicanismo, separación de poderes, soberanía popular, derechos de los ciudadanos, control constitucional…). Así, Venezuela fue el segundo país, tras EE.UU., en adoptar el federalismo como organización territorial. Sin embargo, la influencia de Simón Bolívar, crítico con el federalismo, y la guerra de independencia, que duró una década, reintrodujeron el centralismo y la integración de Venezuela en la República de Colombia (1821), junto con Ecuador y Colombia. A partir de 1830, Venezuela recuperó su independencia e introdujo una forma federalista y centralista que ha subsistido desde 1864 hasta la actualidad, aunque su historia ha estado presidida por guerras civiles (como la denominada guerra federal, 1858-1863), así como por periodos de gobiernos autoritarios y golpes militares. La centralización federal ha afectado tradicionalmente a los ámbitos militar, fiscal, legislativo y administrativo.

La democratización del país, iniciada en la década de 1930, pero interrumpida por el periodo militar de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958), no se consolidó hasta 1959 (presidente Betancourt), aunque la Constitución de 1961 mantuvo los rasgos centralistas clásicos del federalismo venezolano. En 1989 se emprendió un proceso de descentralización que incluyó la elección de los gobernadores por sufragio universal directo. En 1999 el presidente electo Hugo Chávez, un coronel que había protagonizado un frustrado intento de golpe en 1992, estableció un proceso constituyente –en un momento de crisis aguda del sistema de partidos– en una Asamblea hecha a su medida (125 miembros favorables sobre 131) que elaboró una nueva Constitución que fue aprobada en el mismo año (1999) y que ha profundizado en la centralización.

Paradójicamente, la Constitución establece que Venezuela se erige como un “Estado federal descentralizado” de acuerdo con las disposiciones de la Constitución, que están presididas por un eminente carácter centralizador y de refuerzo de la figura del presidente (delegación legislativa sin restricciones; extensión del mandato a seis años), así como por regulaciones constitucionales detalladas en materia de defensa y seguridad de inclinación autoritaria. Se establecen tres niveles de gobierno, el nivel federal; el nivel de los estados, compuesto por los 23 estados, un distrito federal, y las dependencias federales: 72 islas agrupadas en once grupos, y el nivel de los 338 municipios.

La separación de poderes establece, además de los tres clásicos –ejecutivo, legislativo y judicial–, el denominado “poder ciudadano” y el “poder electoral”. El primero se concreta en el Ministerio Público, y el segundo en el Consejo Electoral Nacional. La nueva Constitución ha eliminado, sintomáticamente, el bicameralismo tradicional (Senado) y, con ello, la representación territorial de los estados. Los miembros de la Asamblea Nacional (165 miembros) son elegidos por un periodo de cinco años de acuerdo con distritos de un 1,1% de la población (264.000 habitantes en el año 2000) y un sistema proporcional. Tres escaños son reservados para las minorías indígenas. El presidente es a la vez jefe de Estado y presidente del Gobierno. Cada estado posee un gobernador y un Consejo Legislativo, elegidos por sufragio, aunque los legislativos estatales están regulados por una ley nacional, y las materias en las que son competentes dependen de regulaciones también del poder central. A escala municipal, los alcaldes son elegidos por voto directo de los ciudadanos, mientras que los consejos municipales son elegidos por representación proporcional. Los miembros del Tribunal Supremo son nombrados por un periodo de 12 años.

La división de poderes concentra en el nivel federal la mayoría de las materias (defensa, seguridad, relaciones internacionales, policía nacional, regulaciones económicas, industria minera y petrolera, políticas nacionales de educación, sanidad, medio ambiente, transportes, suelo, producción agrícola e industrial, comunicaciones, poder judicial –excepto los jueces de paz municipales–…). Los poderes de los estados son limitados y de carácter concurrente (organización municipal, policía, carreteras del estado, aeropuertos y puertos comerciales, etcétera), limitándose su ejercicio en las “leyes fundamentales” del poder central.

La tradicional atribución venezolana de los poderes residuales a los estados ha sido limitada por una disposición que atribuye al poder central los poderes residuales en el ámbito fiscal. Los estados sólo recogen impuestos cuando el poder central se los delega por ley. Los estados se financian a partir de los recursos transferidos por el poder central (entre el 15% y el 20% de los ingresos nacionales), de los recursos generados por la explotación de proyectos relacionados con los hidrocarburos y minas, y del fondo de compensación interestatal. A pesar de estos rasgos centralizadores generales, la Constitución de 1999 define la política de descentralización como una “política nacional” que debe fortalecer la democracia acercando el poder a los ciudadanos mediante la participación de grupos empresariales, sindicales y de vecinos.

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Quant a El Cau del Llop

Vaig néixer a Manlleu -Osona- un dilluns 5 d’agost de 1940, tot i que en el “Libro de Família” hi consta el dia 8 en lloc del dia 5, coses dels registradors d’aquella època, ara visc a Sabadell -Vallès Occidental-. He estudiat, he treballat, (això es historia passada i forma part de la meva vida anterior) i ara no importa ni el què ni ha on, estic feliçment casat i enamorat de la meva família, soc pare de tres fills i avi de vuit nets, exerceixo de Jubilat a plena dedicació i procuro gaudir d’aquest moment. Si veieu que el meu nom d’usuari es El Cau del Llop no es per amagar-me de res, ben al contrari, ho es per la senzilla raó etimològica de l’origen del meu cognom (mal escrit, es ben cert), però una llobera es un cau d'un llop. I com dic a la capçalera del bloc, A la recerca de valors… , i també perquè es una finestra oberta al mon que em permet participar-hi, sense interpretacions d’altres que m’ho impedeixin.
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