La segunda transición

Madrid se arma para el debate fiscal porque si Catalunya no tiene para sus gastos, menos sufragará los de otros.

La Administración central triplica el déficit autonómico y las comunidades asumen el gasto social.

Artículos | 18/01/2011 – 12:24h

Aunque parezca mentira, el déficit de la Administración central triplica el de las comunidades autónomas. Parece mentira porque el Gobierno español y el principal partido de la oposición fingen sistemáticamente lo contrario. Hablan de despilfarro autonómico sin ninguna autoridad y menos que ninguna la autoridad moral.

Ocurre que en el fondo del discurso dominante del Poder político español subyace la íntima convicción de que el poder central del Estado es el único legítimo. Y desde ese punto de vista, lo que se gasta el Gobierno es indiscutible, mientras que lo de las comunidades autónomas es un derroche caprichoso. Si se observa la misión de cada uno, la conclusión es la inversa. Las comunidades autónomas atienden los gastos prioritarios para los ciudadanos, es decir, salud, educación y servicios sociales, mientras que el Estado se gasta el dinero preferentemente en Defensa (Afganistán), Relaciones Exteriores y fondos reservados. La Administración central hace más cosas, por supuesto, pero todo son servicios concurrentes con la gestión de las comunidades y de los municipios, ya sea la Policía o ese Ministerio de Cultura que con González-Sinde ha pasado de ser inútil a convertirse en un estorbo carísimo con caprichos millonarios como el archivo Centelles.

Las autonomías no son culpables, pues, del déficit español o al menos no son las principales culpables. Lo que pasa es que puestos a reducir gastos, que es un ejercicio muy desagradable, siempre es mejor que recorten y se desgasten políticamente los otros. El problema es que el sistema autonómico tiene algunas reglas que impiden al Gobierno central hacer lo que le da la gana y es entonces cuando le entra a Zapatero el ardor guerrero y clama en el ‘Financial Times‘ “Aquí mando yo”.

Vista desde Madrid, la autonomía siempre ha sido un engorro, un peaje que hubo que pagar en la transición para que vascos y catalanes no se subieran al monte, pero el mal ya está hecho. Cuesta darle la razón a José María Aznar, ex presidente del Gobierno –y también ex presidente de Castilla y León–, pero no hay más remedio que reconocérsela cuando dice que diecisiete gobiernos y diecisiete parlamentos en un Estado de 46 millones de habitantes no tiene demasiado sentido. En Catalunya, esta idea está muy extendida, porque siempre se ha entendido el autogobierno como la expresión política de un sentimiento nacional y en España sentimientos nacionales significativamente extendidos hay sólo cuatro, no diecisiete, con lo que la operación de la transición no sirvió para satisfacer las aspiraciones de catalanes, vascos y gallegos, y sí para compartimentar la realidad española de matriz castellana.

Y ahora, por mucho que se pongan esto no tiene vuelta atrás, porque ya se han creado unas élites regionales que no están dispuestas a perder su situación y porque para cambiar el mapa habría que empezar por la Constitución y antes podrían afrontarse reformas mucho más sencillas pero también mucho menos deseadas. Por ejemplo, puestos a reducir administraciones, lo más fácil sería suprimir de un plumazo las diputaciones provinciales, que se gastan cada año más de 7.000 millones de euros y todo el mundo sabe que son un cuarto oscuro donde los partidos se alimentan de todos los frutos prohibidos. Precisamente por eso, nunca desaparecerán.

Tanta obsesión con las autonomías y tan poca con organismos obsoletos sean ministerios o corporaciones provinciales lleva a pensar que las intenciones de la ofensiva patriótica son más inconfesables.

Obsérvese que la filosofía dominante va siempre contra la diferencia. Todo el mundo es consciente de que la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut ha cerrado en falso un conflicto que más pronto o más tarde se tendrá que administrar. La crisis ha puesto al descubierto el enorme engaño que fue el nuevo sistema de financiación autonómica y Catalunya se encuentra en una situación financiera trágica. Si el Gobierno español prohibiera a la Generalitat endeudarse más, provocará una crisis financiera sin precedentes que tendrá enormes consecuencias políticas, pero tanto si Madrid interviene como si no, la ecuación es evidente: Si Catalunya no tiene para sus gastos, en menor medida podrá continuar sufragando los gastos de los demás. La realidad, más que la política, va imponer inexorablemente el debate sobre cómo se reparto del esfuerzo fiscal y eso va a ocurrir además en vísperas de que España se quede sin fondos de cohesión y en unas circunstancias muy distintas a las de hace treinta años. Artur Mas anunció una segunda transición y en Madrid se arman para ello.

Quant a El Cau del Llop

Vaig néixer a Manlleu -Osona- un dilluns 5 d’agost de 1940, tot i que en el “Libro de Família” hi consta el dia 8 en lloc del dia 5, coses dels registradors d’aquella època, ara visc a Sabadell -Vallès Occidental-. He estudiat, he treballat, (això es historia passada i forma part de la meva vida anterior) i ara no importa ni el què ni ha on, estic feliçment casat i enamorat de la meva família, soc pare de tres fills i avi de vuit nets, exerceixo de Jubilat a plena dedicació i procuro gaudir d’aquest moment. Si veieu que el meu nom d’usuari es El Cau del Llop no es per amagar-me de res, ben al contrari, ho es per la senzilla raó etimològica de l’origen del meu cognom (mal escrit, es ben cert), però una llobera es un cau d'un llop. I com dic a la capçalera del bloc, A la recerca de valors… , i també perquè es una finestra oberta al mon que em permet participar-hi, sense interpretacions d’altres que m’ho impedeixin.
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